Empleo adjudica en Huelva 84 acciones formativas en competencias digitales para 1.275 trabajadores

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha culminado la fase de licitación del programa Andaluces Digitales dentro del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE), que en Huelva supondrá la impartición de 84 acciones formativas en materias relacionadas con nuevas tecnologías.

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en la provincia, Antonio Augustín, ha informado que “con la puesta en marcha de estos cursos se beneficiarán 1.275 onubenses, preferentemente trabajadores ocupados en empresas que desarrollan su actividad en sectores relacionados con las nuevas tecnologías. El importe de licitación del lote para la zona Andalucía occidental asciende a 999.047,60 euros, contemplando una partida presupuestaria para Huelva de 394.616 euros y formación específica en 67 especialidades diferentes sobre competencias digitales.”

La adjudicación de este concurso público se ha realizado en dos lotes, uno para impartir acciones formativas de especialidades no conducentes a certificados de profesionalidad en las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz, y otro para las de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Las empresas encargadas de desarrollar el programa Andaluces Digitales en la zona occidental de Andalucía están conformadas en UTE (unión temporal de empresas) y pertenecen al Grupo Aspasia (https://grupoaspasia.com). Son Adalid Formación y Empleo Instituto Europa; Grupo INSEM Desarrollo del Conocimiento; Formatec e Ibecon.

Hasta 67 especialidades formativas

La oferta formativa diseñada para este programa es el resultado de la celebración de las Mesas Sectoriales Binomio Formación-Empleo, en las que se detectaron las especialidades formativas que se corresponden con la demanda de cualificación de las personas trabajadoras ocupadas en materia de transformación digital.

De este modo, Andaluces Digitales recoge hasta 67 especialidades, de distintas Familias Formativas y Áreas Profesionales, todas ellas centradas en apoyar e impulsar el cambio hacia nuevas formas de organizar las empresas y el empleo, con el objetivo de que la formación permanente se convierta en un motor activo de nuevos modelos de negocios que generen nuevos productos y servicios.

Entre las 67 especialidades recogidas en el programa formativo se encuentran materias como creación y diseño de páginas web dinámicas y aplicaciones móviles, gestión de ciberataques, transformación digital en la empresa, robótica, domótica, marketing digital, y diversas actuaciones enfocadas al desarrollo de profesionales en el ámbito educativo, como diseño y aplicación de herramientas digitales o creación de comunidades virtuales.

Modelo de licitación pública

El programa Andaluces Digitales es uno de los primeros lotes adjudicados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para la impartición de acciones formativas con ámbito de aplicación en todo el territorio andaluz. Forma parte de la primera fase de licitaciones públicas en la que la Junta ha movilizado ya más de 41 millones de euros para impartir formación vinculada a sectores concretos y especialmente afectados por la crisis actual, como son el Turismo y Hostelería, o la Construcción. Asimismo, ya se han comenzado a impartir las primeras acciones formativas específicas para atender a la demanda de profesionales de cada provincia.

El modelo de licitación pública es una apuesta de la Consejería de Empleo, que viene a sustituir el sistema de financiación de acciones formativas a través de la concesión de subvenciones, tras detectar graves carencias en el control para garantizar la eficacia y eficiencia del gasto público.

Entre las ventajas que aporta el régimen de contratación pública como forma de financiación en la aplicación de los fondos de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral se encuentran la transparencia y la publicidad de los procedimientos, el mayor control de estos y la consiguiente prevención del fraude de ley, el fomento de la libre concurrencia, la agilidad y la mejora de la eficiencia en la utilización del gasto público.