El Puerto insiste en el diálogo constante con los exportadores de marisco, que verán prorrogado el traslado hasta septiembre

El Puerto de Huelva vuelve a responder en un comunicado de prensa su situación respecto a los Exportadores de Pescados y Mariscos, que se habían concentrado esta mañana en la sede de la Autoridad Portuaria solicitando que les detalle qué va a ocurrir con el futuro inmediato de su actividad ante la orden de desalojo forzoso de sus instalaciones actuales en el Muelle de Levante que vencía este próximo 30 de junio.

Según el Puerto, “se ha mantenido un diálogo constante con el sector a fin de establecer las mejores condiciones funcionales y económicas para la implantación de las empresas que así lo deseasen en estas nuevas instalaciones”, a la vez que asegura que “el retraso en formalizar estas solicitudes ha hecho que los plazos sean muy estrictos, si bien hay que tener en cuenta que el plazo de desalojo de las instalaciones actuales se ha prorrogado automáticamente durante la vigencia del estado de alarma, contándose en estos momentos hasta finales del mes de septiembre”.

La APH reitera que los títulos administrativos se extinguieron el pasado 31 de diciembre de 2019, abriéndose un plazo amplio para el desalojo de instalaciones, y que “aunque no es función de la Autoridad Portuaria buscar alternativas, dentro de su compromiso de apoyo al tejido empresarial de Huelva, ha ejecutado el proyecto de la Ciudad del Marisco, dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual, donde podrán optar por ubicarse las empresas que lo decidan”. El Puerto insiste en que las tasas “se han ajustado al mínimo legal, resultando un importe de 580 euros mensuales por un local de 150 metros cuadrados”.

La Autoridad Portuaria insiste en que “lleva meses instando a los empresarios a tramitar la concesión de los módulos en la Ciudad del Marisco a fin de facilitar la ubicación de aquellos que quieran implantarse en las nuevas instalaciones”, y que “ninguna de las resoluciones ha sido recurrida por los empresarios, que pretenden una indemnización por la extinción de un título al término de su vencimiento natural y por obsolescencia de las instalaciones”.