Continúan las jornadas de manifestaciones de los funcionarios de Justicia

Esta situación se produce después de una reunión infructuosa con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien abandonó abruptamente ayer la negociación sin presentar ninguna oferta en relación a la demanda de aumento salarial que el colectivo ha hecho por las funciones que han venido desempeñando históricamente y que no se les reconocen ni se les remuneran.

A pesar de la primera reunión mantenida con el departamento dirigido por Pilar Llop, la Administración no ha presentado una propuesta seria de mejora salarial para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del país. En la comunidad andaluza se encuentran 9.000 de estos funcionarios, mientras que en Huelva hay 500.

De este modo, continúa la huelga indefinida convocada desde el 22 de mayo, junto con protestas, concentraciones, manifestaciones y asambleas informativas celebradas en el Palacio de Justicia de Huelva capital y en otras localidades de la provincia de Huelva para dar a conocer la situación de este conflicto.

«Estamos decepcionados porque los trabajadores afectados están siendo tratados como funcionarios de segunda en comparación con otros cuerpos», lamenta Mari Paz de la Cruz, responsable del sector de Justicia de CSIF Huelva. Ella recuerda que durante décadas no se les ha reconocido ni profesional ni retributivamente, y afirma: «Si solo hubiéramos realizado las funciones que legalmente se nos asignan, la Justicia no funcionaría ahora ni habría funcionado nunca».

Los sindicatos convocantes –además de CSIF, STAJ, CCOO y UGT– exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘Complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 20.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados en Huelva, así como 8.000 demandas sin registrar. CSIF lamenta los perjuicios e inconvenientes causados a la ciudadanía, si bien subraya que el único responsable es el Ministerio.