Caraballo destaca los 3,9 millones para atender a las personas por la pandemia: “si hay que poner más, se pondrá”

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado el montante de 3,9 millones destinados por la institución provincial para atender a las personas ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, pero ha dejado claro que “si hay que poner más, se pondrá”.

En una entrevista concedida a Europa Press, Caraballo ha remarcado que esta partida para la asistencia a personas se enmarca en el Plan ‘Funciona Huelva’, un programa de recuperación socioeconómica diseñado para contribuir a paliar la crisis que ha desatado la pandemia y dotado de más de 25 millones de euros, gracias a la reconversión de partidas presupuestarias y a la utilización del superávit de 2019 de la institución provincial.

En este punto, Caraballo ha remarcado que esta línea cuenta con “cantidad suficiente” para atender las primeras necesidades que esta crisis pueda generar en la población más vulnerable.

Tras recordar que esta coyuntura tiene su principal aspecto en el ámbito sanitario, el presidente de la Diputación se ha mostrado convencido de la importante afección que, por ejemplo, los rebrotes pueden tener en la sociedad.

Por tanto, a su juicio, es esencial que “nadie se quede atrás y todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas”. “Esto es algo que ha garantizado la Diputación desde el principio y lo hará hasta el final”, ha enfatizado el dirigente provincial.

En concreto, esta línea social del Plan Funciona dispone de una partida de 1,55 millones para el Refuerzo de las ayudas económicas a las familias; 755.000 euros para el plan especial de contingencia social, así como contempla una partida de 652.000 euros para la compra de proximidad.

Asimismo, establece una partida destinada a reforzar la red social en el territorio por valor de 388.500 euros, y otra para el tejido asociativo del territorio, por valor de más de 335.000 euros. Por su parte, también se recoge un montante de 166.000 para EPI (equipos de protección individual) para personal de ayuda a domicilio y otra de 60.000 euros para la asistencia a población inmigrante.