Una docena de menores infractores del CIMI Odiel logran su inserción laboral

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Alfredo Martín, ha visitado hoy el Centro de Internamiento de Menores Infractores Masculino (CIMI) Odiel de la capital onubense, con capacidad para 20 jóvenes.

Acompañado por su director, Jesús Sánchez Hidalgo, ha podido conocer, de primera mano, todas las instalaciones de este centro, que entró en funcionamiento en 2016 y en el que se ejecutan las medidas privativas de libertad, establecidas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del menor.

Durante el año pasado, los adolescentes que cumplieron las medidas en este centro lo hicieron, principalmente, por delitos contra el patrimonio, lesiones y maltrato físico, usualmente en el ámbito familiar, con una edad media entre los 16 y 17 años y en régimen, mayoritariamente, de internamiento semiabierto.

El delegado ha alabado la labor que los profesionales del centro, gestionado por la fundación Diagrama, desarrollan con estos menores, “una intervención integral e individualizada, que trata de facilitarles el mayor numero de herramientas posibles para su inserción social”.

Mediante el diseño de programas específicos, se pretende mejorar la autoestima del menor, que le permita adoptar una actitud más positiva ante su vida, a la vez que se realiza un trabajo de apoyo específico con sus familias, para reducir los factores que podido contribuir en el desarrollo de la conducta delictiva.

En esta labor de resocialización, la actividad del CIMI también se centra en mejorar la empleabilidad de los adolescentes, a través de un itinerario de inserción profesional, que durante el año 2020 permitió que ocho menores realizaran prácticas laborales en distintas empresas, y que cuatro de ellos obtuvieran un contrato de trabajo.

Para Martín, “la formación e integración profesional de estos menores mientras cumplen las medidas impuestas por los jueces es fundamental para que cuando salgan lo hagan con perspectivas de futuro y cambien el rumbo de sus vidas”.

En la provincia de Huelva se ejecutaron durante el año pasado un total de 288 medidas judiciales, de las cuales 251 se realizaron en medio abierto y 37 en régimen cerrado.