Medio Ambiente espera la autorización del Gobierno central para poder realizar el tratamiento aéreo contra la procesionaria

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio continúa a la espera de la autorización excepcional que debe conceder el Gobierno central para poder llevar a cabo el tratamiento aéreo con diflubenzurón (dimilín) para luchar contra la procesionaria del pino, que afecta a las masas de pinares del municipio de Hinojos y de otras zonas de Andalucía. La plaga de este insecto fagocita las hojas de los pinos provocando una merma productiva de piñones, además de provocar efectos alérgicos tales como hinchazones y picores en la piel.

En el marco del Plan de Lucha Integrada contra la procesionaria que desarrolla la Junta de Andalucía desde 1991, la Consejería contemplaba para este año una serie de actuaciones fitosanitarias entre las que destacan los tratamientos aéreos, colocación de trampas de feromona y trabajos terrestres con cañón pulverizador. De esta manera se pretende erradicar la presencia de este insecto y evitar así la proliferación de sus poblaciones en las masas forestales. A ello hay que sumar los trabajos de campo y laboratorio que se llevan a cabo habitualmente para conocer el ciclo biológico de esta especie tanto en la provincia onubense como en el resto de Andalucía; así como las nuevas ubicaciones en las que va apareciendo.

Como en los dos años anteriores, el pasado día 12 de junio la Consejería solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un permiso especial para el tratamiento aéreo de la procesionaria para el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 6 de noviembre de 2015, el cual fue denegado el 14 de julio. Según la resolución del Ministerio “se trata por tanto de un insecto autóctono acopiado a un sistema forestal por lo que no se puede considerar una amenaza para su supervivencia y por consiguiente no se trata de una emergencia fitosanitaria de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento 1107/2009”.

Tras esta respuesta, la Junta contestó el 4 de agosto justificando nuevamente los tratamientos aéreos y aportando nueva documentación. También envió el 16 de septiembre una solicitud de emergencia sanitaria para la autorización excepcional de medios aéreos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Igualmente, el 25 de septiembre se remitió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una ampliación de información para dicho permiso en el que se adjuntaba un informe de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el que se indica que la exposición a la procesionaria de pino puede suponer un problema de salud pública, además de recomendar la realización de actuaciones para el control de la misma en zonas cercanas a núcleos de población.

Esta nueva petición fue denegada de nuevo el 28 de septiembre en un escrito del Ministerio de Agricultura, en el que se indicaba que en caso de riesgo para la salud le corresponde tomar la decisión al Ministerio de Salud. Una postura que se contradice con el escrito remitido el 28 de octubre por las autoridades sanitarias, en el cual se afirma que la competencia para la autorización y registro de los productos fitosanitarios para el tratamiento aéreo le corresponde al Ministerio de Agricultura, según la Ley de Sanidad Vegetal.

La lucha contra la plaga de la procesionaria tiene lugar bajo estricta condiciones de control, que va desde el seguimiento a las poblaciones para determinar la fecha adecuada de los tratamientos y para el control y eficacia de los mismos. Esta plaga origina perjuicios a diferentes sectores económicos: al sector de turismo activo, en las áreas de uso y disfrute de los montes así como en las romerías de numerosos pueblos de Andalucía También afecta al sector de los aprovechamientos en la madera y en la recogida de las piñas.