Los expedientes abiertos por marisqueo ilegal se triplican en 2014 a causa del continuado cierre del litoral

Los Servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, en colaboración con los Servicios Marítimo y de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, han abierto durante 2014 un total de 765 expedientes por marisqueo ilegal en la provincia, una cifra que triplica los interpuestos en 2013, cuando fueron 235.

Según los datos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva el aumento se debe a que en el año 2014 se disparó la actividad ilegal a causa del continuado cierre de todo el litoral por la presencia de biotoxinas durante el pasado verano, que evitó la captura de coquina y chirla por razones sanitarias.

Concretamente se mantuvo cerrado todo el litoral desde el 18 de julio al 26 de septiembre, cuando ya comenzaron a abrirse algunas zonas al constatarse la ausencia de la DSP en sus aguas. Una situación que se ha sumado a la situación de desesperación que viven muchas familias a causa de la crisis y que ha hecho que en los últimos años sean más las personas que se lancen a faenar sin licencia.

Estos expedientes, resultado de la labor de control y vigilancia permanente de los distintos eslabones de la actividad, tanto de la extracción y la comercialización como de la distribución y la restauración, para asegurar la trazabilidad de los productos pesqueros, se deben, sobre todo, a causas como el marisqueo sin licencia o al desarrollo de la actividad en espacios cerrados por veda o a causa de los controles sanitarios en las zonas de producción, así como por incumplimiento de la jornada establecida o la captura de bivalvos con talla inferior a la reglamentaria.

Al respecto, la delegada de Agricultura, Josefa González Bayo, ha remarcado que el dato pone de manifiesto que “la Junta no ha mirado para otro lado y sí ha perseguido el furtivismo y ha defendido la salud pública, sin olvidar que tampoco se ha dejado de ser sensible con la desesperación de los profesionales por no poder faenar”, un punto en el que recuerda “la tramitación de ayudas a los sectores de la coquina y la chirla”.

A su vez, González Bayo ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que en las fechas próximas, en las que el periodo vacacional y el buen tiempo hace que las playas se llenen de bañistas, “éstos conozcan el riesgo que corren al ponerse a coger marisco en la orilla”.

“Es una estampa que hay que evitar, contra la que tenemos que concienciar a la ciudadanía porque es una seria amenaza”, ha enfatizado González Bayo.
La delegada ha insistido en “la sensibilidad” de la Junta ante la situación que viven muchas familias onubenses a causa del paro, pero ha alertado de que este tipo de pescado o el inmaduro “no pasa por los controles de calidad obligatorios en el mercado”.

Una situación que conlleva, por un lado, “una amenaza muy seria para la sostenibilidad de los caladeros, los recursos naturales y, por tanto, para la actividad y el empleo que genera”, y, por otro, por “el serio riesgo para la salud pública al capturarse ejemplares en zonas cerradas al marisqueo por la presencia de toxinas o que no cumplen la talla mínima”, ha remarcado González Bayo.

Por ello, considera “fundamental” esa labor de sensibilización, complementaria a la labor de los Servicios de Inspección Pesquera, que están haciendo “su trabajo y muy bien”. Por ello, aboga por la concienciación de los ciudadanos para que “renuncien al consumo de pescado sin el correcto etiquetado”.

Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).