Junta y ecologistas tramitan acciones con el Estado para acelerar la finalización de las depuradoras de Doñana

El secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Moreno, y la organización ecologista WWF han mantenido un encuentro en el que se ha tratado, entre otros aspectos, la situación resultante del vertido de aguas residuales urbanas sin depurar de los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado (Huelva), todos ellos municipios del entorno del espacio natural de Doñana.

Según ha confirmado a Europa Press el responsable de la Oficina de WWF para Doñana, Juan José Carmona, tanto la administración autonómica como la organización ecologista han comenzado a tramitar acciones con el Estado al objeto de ‘acelerar’ la finalización de las obras de construcción de las depuradoras de Almonte y Bollullos par del Condado, las cuales fueron transferidas al Estado en el año 2011 cuando se encontraban a más del 95 por ciento de su ejecución.

En concreto, la Junta habría iniciado conversaciones ‘al máximo nivel¡ con la administración central, mientras que WWF va a reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que acometa un plan con fechas específicas y ‘realistas’ de cuándo van a acabar estos trabajos.

‘La Junta nos han dicho que, aunque ya no tienen las competencias, su principal preocupación y objetivo es que acaben las obras y se pongan en marcha las depuradoras’, ha confirmado Carmona, que ha recordado que la administración regional sí es competente en la protección del espacio natural.

En cuanto a cuestiones económicas, el responsable de la Oficina de WWF en Doñana ha sido claro al señalar que ‘no es nuestra preocupación’ y que aunque como organización ciudadana desean ‘saber qué pasa con el dinero público’, el dinero “no deja de ser una cortina de humo’, subrayando que ‘la prioridad debe ser acabarlas y ponerlas en marcha, y luego los pagos deben verse entre administraciones y la constructora, y si no se ponen de acuerdo ahí están los tribunales’.

RETRASO ‘INADMISIBLE’

Sobre este asunto, WWF ha acudido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y ha presentado una queja ante la Comisión Europea por el incumplimiento de las directivas comunitarias sobre política de aguas y tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En este sentido, la organización ecologista considera ‘inadmisible’ el retraso en la aplicación de la normativa comunitaria en materia de aguas residuales, que fijó como fecha límite el año 2005 para que todas las poblaciones tuvieran depuradas sus aguas urbanas. Así, lamenta que siete años después la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ‘no se ponen de acuerdo para acabar las obras, permitiendo que Doñana siga contaminándose día tras día’.

La Junta, de su lado, ya señaló recientemente que, estando ‘avanzado’ el estado de ejecución y con muchos meses transcurridos tras la reversión de esta infraestructura, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aún no ha acometido la finalización de la electrificación de la depuradora, cuyo coste ronda los 150.000 euros, ‘que debe asumir el Gobierno central como administración competente’.

Por otro lado, y por lo que respecta a los vertidos de distintos municipios al Parque de Doñana, la Consejería recuerda que las competencias al respecto de los mismos recaen de manera íntegra en la CHG, quien debe investigar y sancionar si procede estos incumplimientos de la legislación ambiental vigente. En este sentido, y en el periodo en el que la cuenca del Guadalquivir fue gestionada por la Junta, se abrieron varios expedientes sancionadores a los municipios del entorno de Doñana por este mismo motivo.

Para este miércoles hay programado otro encuentro entre Sergio Moreno y una delegación de la Asociación Progresistas de Andalucía y de la Asociación Ambientalista ‘Sustenta’, al objeto de abordar la problemática existente en la región en materia de vertidos incontrolados y de ‘incumplimiento’ de la normativa en materia de limpieza de cisternas en el transporte de carreteras en la comunidad autónoma andaluza.