IU defiende romper las conexiones ‘entre el poder político y económico’ para evitar la corrupción

La número dos de la candidatura de IULV-CA por la provincia de Huelva, Pepa Beiras, se ha mostrado convencida este lunes en rueda de prensa que ‘para luchar contra la corrupción es imprescindible que se rompan las conexiones entre el poder político y el poder económico’.

Según ha informado IU en una nota, Beiras ha afirmado que ‘en un Gobierno de Izquierda Unida las políticas corruptas serán erradicadas y los políticos corruptos apartados de la vida pública’. Para ello, IU se propone elaborar un código ético que obligue a todos los cargos públicos y cuyo cumplimiento será supervisado por el Parlamento Andaluz.

En este sentido, ha recordado que su formación ha reclamado en varias ocasiones la apertura de comisiones de investigación en la Cámara Andaluza sobre el caso de los ERES, ‘y que el PSOE se negó a aprobarlas, lo que ha impedido el esclarecimiento de las responsabilidades políticas hasta la fecha’. Por ello, Izquierda reformará el Reglamento del Parlamento de Andalucía para que ‘nadie pueda vetar una comisión de investigación en su seno’.

Por su parte, el candidato de IULV-CA Antonio Maíllo ha explicado que ‘la corrupción es la segunda preocupación de los andaluces y andaluzas, después del paro’, por lo que ‘vamos a implicarnos en el futuro gobierno andaluz para acabar con todas las redes clientelares y garantizar la transparencia en la Administración andaluza’, según ha agregado.

Asimismo, Izquierda Unida impulsará la aprobación de una Ley de transparencia que garantice el acceso público a la información de las instituciones andaluzas. Además, Maíllo ha señalado que abordar la regeneración democrática de las instituciones andaluzas es ‘imprescindible’ para que la ciudadanía vuelva a confiar en la política y es necesario ‘una lucha permanente’ contra la corrupción, con medidas de prevención, de control y de sanción.

Finalmente, ambos candidatos han subrayado que su formación defiende un modelo de democracia participativa, una Ley electoral ‘justa y medidas efectivas’ que impidan prácticas ‘corruptas y oscuras’ en las instituciones.