El pleno de Almonte aprueba iniciar la resolución del contrato de las multas con IDDIAM para que sea el Consejo Consultivo quien decida

El punto figuró en el orden del día tras el reciente dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que ha descubierto que la empresa no tenía objeto social para desempeñar esta labor, ni el Ayuntamiento disponía de partida presupuestaria para ejecutar el contrato, por lo que el acuerdo podría resultar nulo de pleno derecho.

Ahora, se dirigirá de nuevo a la instancia andaluza para culminar este proceso. En esta oportunidad, el PSOE se abstuvo en la votación, rompiendo así su negativa continuada a la revisión que ha mantenido a lo largo de toda la legislatura. Finalmente, el tránsfuga Alberto Mondaca se quedó solo en el no.

Al margen del dictamen del Consultivo, el portavoz popular José Joaquín de la Torre denunció el acuerdo al que llegaron los socialistas la pasada legislatura. ‘Por él, de cada cien euros la empresa se quedaría con 76, por 24 el Ayuntamiento’, explicó. Por ello, les preguntó a los representantes del PSOE acerca del ‘interés por bloquear la resolución del contrato y de seguir beneficiando a IDDIAM a razón de 300.000 euros anuales, hasta sumar un millón en la actualidad’. Además, recordó que ‘sospechosamente, les fueron concedidas una decena de concesiones y hasta despacho en el edificio consistorial’. Los socialistas habían bloqueado -merced a la mayoría de la que gozan en el pleno con el apoyo del tránsfuga Mondaca- la declaración de nulidad del contrato en dos ocasiones anteriores.

Por el inicio de este nuevo proceso y en una votación previa, se archivaron por unanimidad las actuaciones sobre el expediente del procedimiento de resolución del contrato aprobado por la corporación del 9 de mayo de este año.

En un marco más general, el portavoz popular ejemplificó la estrategia de bloqueo permanente del PSOE y tránsfuga desde hace año y medio, en el voto negativo a las cuentas públicas de las empresas municipales (EMILAD, SADA, DOCOSA), en las Juntas Generales celebradas con anterioridad al pleno. ‘Tienen la clara intención de estrangularlas y obligar al cierre y la liquidación de las mismas, junto al despido de sus trabajadores, porque para los socialistas cuanto peor, mejor’, aclaró.

‘Nosotros en cambio estamos contentos porque si nos reembolsamos esos 300.000 euros anuales procedentes de la resolución del contrato y la delegación del servicio a los trabajadores del Ayuntamiento, podremos acometer actuaciones muy esperadas por los vecinos, tales como la urbanización del Pocito –una obra pagada por los propietarios y jamás ejecutada en época socialista-, o propiciar la generación de economía y empleo para la localidad’. En este sentido, adelantó que el Consistorio podrá solicitar a la empresa los beneficios acumulados en estos años sin que tuviera objeto social para ello.