El foro “Discapacidad y Libertad” del PPA muestra su compromiso con la inclusión de todas las personas con discapacidad

Desde el foro “Discapacidad y Libertad” del Partido Popular Andaluz se pretende dejar muy claro el compromiso y apoyo a toda iniciativa que redunde en beneficio de la máxima inclusión para todas las personas con discapacidad, así como en el desarrollo, al más alto nivel posible, de su independencia y autonomía personal en todas sus facetas: personal, social, económica, formativa, afectiva, etc…

El seno popular ha trasladado la idea de buscar poner de manifiesto la preocupación por la aprobación en el Congreso de los Diputados, con una mayoría justa y sin haberse consensuado con el resto de las fuerzas políticas, de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación), que aparece como un ingrediente más de división dentro de la sociedad española y como un compendio legislativo usurpador de libertades y derechos recogidos en la Carta Magna, al amparo de un intervencionismo del Estado jamás visto hasta ahora, después de 43 años
de consolidación democrática.

En la disposición adicional cuarta del texto aprobado, solo pendiente de su trámite en el Senado, se refleja sin vacilación la liquidación programada de los colegios de educación especial, en los cuales las personas con discapacidad más vulnerables, con una mayor afectación, encuentran la atención, el personal, las dotaciones y las infraestructuras  para un desarrollo adecuado a sus habilidades y capacidades, que no se encuentran en los centros de educación ordinaria. Resulta sencillamente imposible que los colegios ordinarios ni ahora, ni en 10 años (que es la
moratoria marcada en esta “sentencia” tan alejada de la realidad), alcancen el umbral de rigor y de calidad, de educación personalizada y continua, que ofrecen los colegios de educación especial para sus alumnos con gran discapacidad.

Consultados los agentes que intervienen en esta modalidad educativa especial, manifiestan que la inclusión de estos alumnos y alumnas en el sistema ordinario supondría un sueño cumplido, una realidad deseada, pero lo cierto es que, en las actuales circunstancias, la absoluta inviabilidad de materializar este anhelo supondría un retroceso en la calidad de asistencia educativa y arrojaría a un futuro incierto a las personas con gran discapacidad y sus familias.

Desde este foro detectamos dos carencias fundamentales en este proceder precipitado y erróneo. El primero es el desconocimiento total de las características y del diseño de la red de centros educativos ordinarios, que en una década tendrían que dotarse de personal especializado suficiente; llevar a cabo exigentes reformas para alcanzar una accesibilidad universal óptima; disponer de recursos para el tratamiento y atención temprana de estos alumnos; obrar en ellos elementos tecnológicos para facilitar y desarrollar todos los aspectos de estos alumnos. Todo ello partiendo de la
esperanza de que sean debidamente aceptados y no segregados dentro del propio colegio.

Haciendo un breve resumen, debemos suponer que en diez años todos los centros educativos serán accesibles según los criterios de las leyes de independencia y autonomía personal; contarán con terapeutas especialistas en diferentes disciplinas en un número adecuado; reclutarán intérpretes de lengua de signos en sus múltiples niveles y derivaciones, para niños sordos y sordociegos; contarán con equipamientos tecnológicos específicos para cada una de las discapacidades, incluyendo hardware y software adecuados; talleres específicos; piscina de hidroterapia; fisioterapia; profesionales sanitarios; etcétera, etcétera… Teniendo en consideración, en cualquier caso, que en esta Ley que no se contempla ningún tipo de acompañamiento presupuestario… que ni está ni se le espera.

La siguiente carencia del “País de las Maravillas”, que se encuentra en el “Planeta de la Piruleta”, es una rotunda y descomunal ignorancia del universo de las personas con discapacidad, tan amplio y complejo como los 3,8 millones de españolas y españoles que pertenecen a este colectivo, supervivientes de una realidad tozuda que cada día nos pone a prueba, recelando de proyectos utópicos que no suponen más que un brindis al Sol, a años luz de unas expectativas mínimamente creíbles.

Como referíamos al principio de estas líneas somos defensores de la inclusión, pero es fundamental enmarcar un itinerario a seguir para la consecución de objetivos y transformar una quimera irrealizable en realidades tangibles, impulsando previamente una transformación profunda de los Centros Educativos Ordinarios, dotándolos de todos los recursos necesarios, de modo que, una vez que se haya llegado a ese punto, nos hallemos en condiciones de comenzar a plantear el futuro de los Colegios de Educación Especial. Es decir, empezar la casa por los cimientos y no al revés.

Después de más 40 años de democracia parlamentaria, ocho leyes orgánicas de Educación y un sinfín de improvisaciones y ocurrencias, la llamada “Ley Celaá” es, sin duda, la más controvertida y, previsiblemente, la mayor generadora de desigualdades y menoscabo de libertades de todas las normas que se han promulgado hasta la fecha, por el intervencionismo excesivo del Estado en cuestiones básicas protegidas por la Constitución Española, que probablemente encuentre dificultades para pasar los filtros del Tribunal Constitucional.