Andalucía reclama al Gobierno la reactivación de los procedimientos de contratación pública

El Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central la reactivación de los procedimientos de contratación pública por los evidentes perjuicios a la actividad económica que está generando la suspensión en los procedimientos administrativos. Para ello, demanda la modificación de la disposición adicional tercera del Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid19, relativa a la suspensión de los plazos administrativos.

Con dicha modificación se pretende garantizar que las administraciones públicas puedan decidir de forma motivada, en un marco de seguridad jurídica, continuar la tramitación de los procedimientos administrativos que se declaren indispensables para la protección del interés público; la protección de los legítimos intereses individuales; el funcionamiento eficaz de los servicios públicos y todos aquellos, incluyendo los de contratación pública, que tengan como fin, o posibiliten, la reactivación de la actividad económica.

Por poner un ejemplo, sólo en el ámbito de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio esta paralización ha afectado a contratos por importe de 213,5 millones de euros. Dentro de las mesas de contratación paralizadas se encuentran proyectos tan importantes como el de revisión y actualización del proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla o el de redacción del proyecto de mejora de la A-483 en el tramo de Almonte-variante El Rocío.

En lo relativo al plazo de presentación de ofertas, al encontrarse el mismo suspendido, esto ha supuesto que se queden paralizados en la Consejería de Fomento también proyectos tan destacados como el de acceso al Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga o el de la elaboración de un estudio informativo de la ampliación del metro de Granada.

De este modo, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior demanda al Gobierno central que habilite a las comunidades autónomas para que puedan elaborar listados de procedimientos administrativos que se declaren indispensables para la protección del interés público y la protección de los legítimos intereses individuales o para el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, debiendo disponerse que tengan la consideración de tales todos aquellos cuyo fin sea la reactivación de la actividad económica, en especial los relativos a la contratación pública.

Es preciso modificar la disposición adicional tercera añadiendo un nuevo apartado relativo a la contratación administrativa, con el fin de excepcionar de la suspensión de plazos a los expedientes de contratación de las administraciones públicas autorizando la publicación de los anuncios de licitación, la presentación de las proposiciones en los procedimientos de licitación que en la actualidad se encuentran abiertos, reanudándose el cómputo del plazo suspendido y la continuación de los procedimientos de contratación hasta la adjudicación, así como las notificación y publicación de ésta.

Asimismo, se considera esencial que por parte del Gobierno de la Nación se dicten las instrucciones precisas para que se reinicie el servicio de reparto de notificaciones por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. La paralización de la actividad por parte de esta sociedad no tiene por qué ser impeditiva de la notificación en el caso de los interesados no obligados que accedan a la notificación electrónica.