Ecologistas creen “despilfarro” compra finca Doñana de “dudosa justificación”

Ecologistas en Acción considera “un despilfarro” la compra por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por 50 millones de euros, de la finca Los Mimbrales en Almonte cuya justificación, contribuir a la mejora hídrica de Doñana, cree “dudosa”.

Esas dudas, ha indicado la organización en un comunicado, la van a llevar a solicitar personarse en el expediente para “comprobar que no hay otras fórmulas de recuperación de las concesiones más convenientes a los intereses de la mayoría de la sociedad y despejar dudas sobre relaciones entre los beneficiados y la administración”.

Ecologistas consideran que la adquisición de la finca, para la cual el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un suplemento de crédito de 35 millones de euros a la CHG, y la posterior obtención de los 6,8 hm3 de derechos de aguas subterráneas del acuífero 27 de Doñana, “no es la medida de mejor coste-eficacia”.

Por ello, consideran que se va a hacer un “mal uso de dinero público” y entienden que existen procedimientos administrativos y de gestión “mucho más eficaces y menos costosos” para que el organismo de cuenca consiga ahorrar volúmenes iguales y superiores de aguas subterráneas y para que pueda controlar la demanda (legal e ilegal) “de una vez por todas, como venimos reclamando constantemente y desde años las organizaciones ecologistas”.

“Si la CHG considera que es necesario disminuir la demanda de agua subterránea del acuífero, lo que tendría que hacer es el acto administrativo de declararlo acuífero sobreexplotado, acto que supondría la inmediata recuperación administrativa de la concesión de los 6,8 hectómetros cúbicos, con la debida compensación que determine la aplicación de la ley”, ha indicado.

Otras medidas posibles para el ahorro de la demanda se expresan en el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir de la propia CHG: la revisión de títulos, el incremento de la guardería para control de extracciones y la clausura de riegos no acreditados, hechos que supondrían, siempre según la CHG, un ahorro de hasta 325 Hm3, con un coste anual estimado de 5,5 millones de euros.