El grupo ecologistas WWF España ha advertido este martes de que el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, cuyo plazo de alegaciones finalizó este lunes, de la ‘posible amnistía’ de pozos, cultivos, viviendas y caminos ilegales en el entorno natural protegido.
La organización ha presentado en una rueda de prensa en Sevilla las alegaciones realizadas contra el Plan, entre las que piden una revisión en profundidad del texto presentado, ya que el documento ‘sigue sin dar respuesta a los graves problemas ambientales que ponen en jaque la conservación de la biodiversidad y de la propia agricultura en Doñana’.
En este sentido, el responsable de Agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, ha afirmado a Europa Press que el Plan de Ordenación cuenta con un aspecto positivo y es que ‘reconoce que Doñana tiene un problema importante, un problema con los usos del agua, del suelo, en infraestructuras y en ordenación, esto es, reconoce la desordenación actual, así como la existencia de entre mil y dos mil pozos ilegales y que el 20 por ciento de los arroyos están destruidos’, si bien, a su juicio, la redacción ‘no soluciona estos problemas, sino que sólo pone parches’.
Por otro lado, durante la presentación de las alegaciones, a la que han asistido el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, la organización ha señalado que el cultivo de la fresa en Doñana es un sector ‘muy importante’ desde el punto de vista social y económico, si bien su expansión ‘descontrolada’ desde los años 80 ha propiciado una serie de problemas que comprometen el futuro en la zona, como ‘la transformación ilegal de zonas forestales en cultivos, ocupación de cauces, pozos ilegales, proliferación de viviendas e infraestructuras irregulares, multiplicación de los caminos o acumulación de residuos plásticos son algunos de ellos’.
Esta situación de ‘ilegalidad y de falta de gestión’ del uso del suelo y del agua pone a muchos agricultores en una situación ‘precaria’, según resalta. Además, ha destacado que el mercado europeo, destino de la mitad de la fresa producida en la zona, es cada vez ‘más exigente’ en temas ambientales, precisando que la tendencia actual implica que los agricultores que no se adapten a estos requerimientos ambientales se quedarán ‘fuera del mercado’.
AVANCES DEL PLAN
Del mismo modo, señala que, aunque el Plan de Ordenación contiene algunos avances como la creación de corredores usando los ríos, la reducción de las dotaciones para los cultivos de regadío o la creación de una comunidad de usuarios del agua, ‘se limita a dar soluciones parciales a los impactos causados por la agricultura intensiva, sin realizar cambios de raíz’.
En este sentido, indica que este proyecto la situación actual, que él mismo reconoce ‘caótica e insostenible’. Según Juan Carlos del Olmo, la redacción hace del Plan de Regadíos ‘una amnistía a los ilegales, y es inaceptable’.
Además, ha añadido que quieren un plan que aborde los retos de agricultura y conservación de forma integrada, y asegure un futuro ‘realmente sostenible’ para el sector agrícola. ‘El plan presentado debe ser revisado a fondo’, solicita.
‘ELIMINAR FINCAS ILEGALES’
Para WWF, la Junta de Andalucía debe revisar el plan de modo que ‘evite la amnistía de los pozos ilegales, reordene el uso del suelo y del agua, elimine las viviendas ilegales de temporeros, cierre caminos innecesarios y recupere monte público y corredores ecológicos’, para lo que propone definir una superficie máxima de regadío en el ámbito del Plan de Ordenación, eliminar ‘claramente’ las fincas ilegales y cierre los pozos, reordenar y, en su caso, trasladar las fincas de las zonas más sensibles a las menos sensibles, más cerca de los cascos urbanos y las carreteras.
Asimismo, apuesta por eliminar las viviendas ilegales de los temporeros y cerrar los caminos innecesarios, promover una gobernanza real que garantice el uso legal del suelo y del agua, cumpliendo con las dotaciones asignadas, y definir un sistema de corredores ecológicos funcionales.
‘De no hacerse así, consideramos que el plan se convertiría en una amnistía y dentro de diez años nos encontraríamos de nuevo en la misma situación de ilegalidad, pero con un riesgo aún mayor para Doñana’, lamenta Del Olmo.
Por otro lado, WWF ha aportado algunos datos que reflejan ‘el problema de la ilegalidad en Doñana’. Así, según la organización, existen ‘en total 2.173 hectáreas de cultivos en monte público y un número aún desconocido en monte privado’. Además, señala que algunos municipios poseen la mayor parte de sus cultivos de fresa en monte público, como son los casos de ‘Lucena del Puerto, con el 90 por ciento, o Almonte, con el 18 por ciento’.
‘Los cultivos ilegales compiten deslealmente con los legales y los excendentes obligan a continuas bajadas de precio’, lamenta, al tiempo que señala que ‘existen unas mil viviendas de temporeros y otras instalaciones en suelo rústico, aparte de una enorme proliferación de caminos y tendidos eléctricos, muchos en situación precaria’.
‘ABASTECIMIENTO ILEGAL DE 5.000 HECTÁREAS’
Según WWF, la situación ambiental actual es la causa de ‘la fragmentación del territorio, la sobreexplotación del acuífero, el vertido directo de aguas residuales a los arroyos y al suelo, y el incremento en el riego de incendios’. Por último, destaca que ‘los pozos ilegales abastecen a más de 5.000 hectáreas de cultivos según se indica en el Plan’ y que ‘sólo un tercio de la superficie agrícola tiene permiso para el uso del agua’.
Concluye alertando de que ‘el arroyo de la Rocina ha visto disminuido su caudal en un 50 por ciento en los últimos 30 años y que las marismas del Parque Nacional de Doñana reciben ahora tan sólo el 10 por ciento del agua que les llegaba de forma natural’.