El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, ha mantenido hoy una reunión con representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF para analizar los beneficios que tendrá en la provincia onubense el acuerdo por el que se reponen los derechos de los empleados públicos de la Administración autonómica.
Romero ha explicado que estas mejoras influirán directamente en las condiciones laborales de 17.500 funcionarios que actualmente hay en la provincia de Huelva de los que la mayoría pertenecen a personal docente (7.000) y personal sanitario (6.000). El resto lo componen 3.250 empleados en la administración general y 850 de las agencias públicas. También se verán beneficiados las 400 personas que se jubilaron en el periodo transcurrido desde que entró en vigor la Ley estatal.
Por su parte, los tres sindicatos han coincidido en valorar el esfuerzo de los empleados públicos durante esta época y en la importancia del acuerdo logrado con el que se restituyen los derechos de los funcionarios.
El delegado de la Junta ha asegurado que con este acuerdo se demuestra que “la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cumple con su palabra, se comprometió a que los empleados públicos recuperarían sus derechos en cuanto se atisbara la recuperación económica y así lo ha hecho”.
De esta forma, ha señalado Romero, “se cumple lo firmado con los sindicatos el pasado mes de julio permitiendo recuperar progresivamente a lo largo de esta legislatura los derechos suspendidos por los recortes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”.
El delegado del Gobierno quiso mostrar su agradecimiento al esfuerzo realizado en Andalucía por los 260.000 empleados públicos que van a ver restituidos sus derechos, “que ha permitido mantener 24.000 puestos de trabajo que se habrían perdido si se hubieran aplicado los recortes tal y como propuso el Gobierno central del Partido Popular, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas”.
En este sentido, Romero asegura que “la recuperación económica empieza a llegar a los profesionales que sostienen los servicios públicos, porque a la Junta le interesa que esta recuperación económica llegue a las familias y no sólo a los consejos de administración de las grandes empresas”.
Los derechos que se recuperan en Andalucía son la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales desde el 1 de enero de 2017; la recuperación de la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012; la recuperación de los días adicionales de vacaciones por antigüedad; la nómina completa con el 10% de las retribuciones variables ligadas a la consecución de objetivos; y el restablecimiento de las ayudas de acción social.
Todas estas medidas se unen a las ya realizadas por la Junta de Andalucía, como la percepción de la totalidad de pagas extra de junio y diciembre de 2015; el incremento del 1% de las retribuciones desde el 1 de enero de 2016 (el máximo permitido por el Estado); la recuperación del 100% de la jornada de trabajo y las retribuciones de todo el personal con relación no permanente, desde enero 2016; la devolución del primer 25% de la extra de 2012 en febrero de 2016, y la devolución de días adicionales de permiso por antigüedad en marzo de 2016.