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SOS Bebés Robados celebra ‘la disposición’ del Gobierno para estudiar la reforma y que el TS estudie los casos

La Asociación SOS Bebés Robados Huelva, que representa a las familias afectadas por los robos de bebés supuestamente nada más nacer entre las décadas de los 50 y 90 en los hospitales onubenses, celebra que el Ministerio de Justicia se haya mostrado «dispuesto» a estudiar la iniciativa impulsada desde el colectivo, que cuenta con el respaldo de la Federación Nacional X24 que agrupa a veinte asociaciones de víctimas de toda España, con el fin de que el Tribunal Supremo (TS) siente doctrina sobre estos casos y dé una respuesta unificada a todas las víctimas, con independencia del lugar en el que se produzcan los delitos, según ha informado a Europa Press la presidenta de la asociación onubense, Esperanza Ornedo.

El colectivo pretende con esta iniciativa que el Gobierno central reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide que los procedimientos en estos casos prosperen en casación más allá de las audiencias provinciales y, por tanto, no pueden llegar al Tribunal Supremo.

Esta fue una de las iniciativas que este colectivo de víctimas en España por el robo de recién nacidos, adopciones irregulares y adoptados, ha elevado ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que los autos de archivo de los procesos en los órganos de Instrucción solo pueden apelarse a la audiencia de cada provincia e impide el acceso de los recursos en casación al Alto Tribunal en el caso de los asuntos penales.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre los nueve magistrados de Huelva decidieron cerrar la vía penal a estos casos al considerar que todos los delitos en los que pudieran sustentarse los mismos han prescrito, tras descartar que exista detención ilegal en los supuestos de sospechas de entrega de un niño nacido a terceros para alterar la filiación, y sin embargo los magistrados de la Audiencia de Madrid, en auto de diciembre de 2012, mantienen la vigencia del delito de detención ilegal.

Por ello, Ornedo ha celebrado ‘la disposición’ del ministro de Justicia porque al menos ‘va a estudiar la propuesta’, ya que ‘bastaría con que un solo caso llegara al Supremo para que el Alto Tribunal tuviera que pronunciarse sobre la inclusión o no del concepto de detención ilegal como tipo delictivo’, a lo que ha añadido que si la resolución del Tribunal Supremo fuera positiva, «directamente todas las audiencias acatarían este criterio y podrían reabrirse los casos’.

OTRAS MEDIDAS

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha inaugurado este martes en el número 8 de la calle de la Bolsa de Madrid la sede del Servicio de información a los afectados por el posible robo de niños, donde se facilitará a los afectados el acceso a los ficheros con la información registrada con los expedientes sanitarios que obran en poder de la Administración.

A su vez, el Gobierno ha puesto en marcha otras medidas como el hecho de que las familias afectadas puedan solicitar en los próximos días la información que obre en poder de la Administración a través de comisarías policiales y cuarteles de la Guardia Civil, así como desde este martes en la citada oficina para atender a las víctimas ubicadas en Madrid.

Así, todos aquellos que deseen aportar a la Administración la información sobre sus orígenes y pedir a esta que recabe los ficheros sobre sus expedientes sanitarios, datos registrales o cualquier otra información en manos de la Iglesia, las Fuerzas de Seguridad, los registros civiles, hospitales, ayuntamientos, cementerios u otras instituciones podrán hacerlo concertando cita en la oficina de Madrid.

Los ministerios de Justicia e Interior han estrechado su colaboración para que los residentes fuera de la capital puedan efectuar estas peticiones a través de comisarías policiales y cuarteles de la Guardia Civil, que las enviarán a la oficina de Madrid donde descansa esta gran base de datos.

Así, Interior prepara la redacción de una circular para informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de este trámite con el objeto de que, en los próximos días, todos los agentes conozcan este servicio y dispongan de las herramientas necesarias para hacer llegar los datos a Madrid.

Además de esta gran base de datos, el Instituto Nacional de Toxicología centralizará los perfiles genéticos de los afectados para cotejarlos y verificar posibles compatibilidades genéticas, sin conllevar coste alguno para los interesados.