Se reabre el debate sobre la Ley de la Muerte Digna

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha obligado al personal médico del Hospital Blanca Paloma de Huelva a quitar la sonda nasogástrica que le pusieron a una mujer de 90 años el pasado 4 de agosto en aplicación de la Ley de Muerte de Digna, después de sufrir el 26 de julio un infarto cerebral que ‘se había convertido en un proceso irreversible’.

Según ha informado el hijo de esta mujer, José Ramón Páez, su madre le hizo ‘prometer antes de sufrir el infarto que no dejaría que le pusieran sondas’. Así lo ha explicado Páez, quien ha destacado que, tras reclamar en el centro donde fue ingresada en un principio el Hospital Juan Ramón Jiménez que le retiraran la sonda nasogástrica, el médico se opuso argumentando que ‘el hecho de no alimentarla estaba castigado por el Código Penal’. ‘Eso es mentira, pero finalmente acabé cediendo’, ha añadido.

Días más tarde, la cambiaron de centro y la ingresaron en el Blanca Paloma, pero Páez, harto de la cambiaran de sitio ‘como si fuera una caja’, buscó ayuda en la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y preparó una reclamación por escrito que presentó en la Junta de Andalucía y al propio centro, del que ha dejado claro que ‘el trato de todo el personal es maravilloso’.

Este escrito, según ha informado Páez, fue presentado a las 9,00 horas de este martes en la Delegación de Salud y a las 16,00 le quitaron la sonda, bajo el amparo de la Ley Autonómica de Muerte Digna aprobada en 2010.

En una decisión pionera en España, la delegación de la Consejería de Salud en Huelva se puso en contacto con el centro para obligarle a retirarle la sonda nasogástrica que le pusieron a la mujer el 4 de agosto.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que la Ley de Muerte Digna andaluza se está aplicando ‘con total normalidad en todos los centros sanitarios’, al tiempo que ha destacado que siempre, si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o que tiene cualquier dificultad, tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y entre ellos dirigirse a la propia administración sanitaria.