Se presenta en el Juzgado de La Palma la denuncia por el caso “Avantur”

La concejala Rocío de Fátima Pérez Jiménez (PP), en su condición de presidenta del Consejo de Administración de la empresa pública Avantur S.A., ha puesto una denuncia en el Juzgado de La Palma del Condado por supuestos delitos de maquinación al alterar el precio de la cosas, malversación de fondos públicos, falsificación documental, prevaricación y cohecho. Decenas de empresarios almonteños se vieron perjudicados tras comprar terrenos en el Polígono Industrial “Camino Alto”, proyectado en la etapa socialista y que jamás vio la luz.

Entre los denunciados, figuran José Villa, Diputado provincial y portavoz del Grupo Municipal del PSOE-Almonte, el ex concejal Domingo Núñez -ambos, ex presidentes de las empresas públicas Inin El Tomillar y su sucesora Avantur, destinadas a la gestión de suelo urbanizado de uso industrial-, y el empresario que vendió los terrenos objeto de la acción judicial.

El año de constitución de Inin el Tomillar -2002- firmó convenios urbanísticos con varios particulares, consistentes en que estos cedieran terrenos a la empresa a cambio de compensarlos con suelo industrial. Ya en 2007, G.R.G.F., administrador del grupo inmobiliario Garfe S.L. preguntó a El Tomillar si podía romperse uno de estos acuerdos. Pese a que las actas del Consejo de Administración no lo reflejan, su presidente José Villa contestó “que se había acordado rescindirlo”.
La compraventa entre particular y empresario se fijó en abril de 2008 en 2,4 millones de euros. Este revendió el solar a Inin El Tomillar en febrero de 2010 en 2,9 millones. Para ello, la entidad pública tuvo que pedir un préstamo de 1,8 millones de euros, lo que ocasionó su definitiva ruina.

Diferentes documentos apuntarían a la existencia de un pacto previo, tales como una cita presente en las actas del Consejo de Administración en junio de 2007. Así vuelve a recordarlo el empresario al Ayuntamiento en 2009, cuando remite “esta circunstancia-comercializar los terrenos a precio de costo- vulnera el pacto de mínimos que motivó su compra”, lo que a su vez conllevó la adquisición de los terrenos por parte de Inin El Tomillar.
A la luz de los documentos, se barruntaría la intención política de favorecer a la empresa, algo que parece evidenciar una actualización del acuerdo de compra de 2009 tres días antes de las últimas elecciones municipales (2011), cuando aquella quedó liberada de construir el polígono a cambio de la compraventa.

Valoración del PP

A la salida del Juzgado, Fátima Pérez ha señalado: “después de estudiar los documentos, estamos obligados a poner estos hechos en conocimiento de las instancias judiciales. Almonte perdió patrimonio al comprar terrenos que ya tenía cedidos; volvió a perderlo porque los compró por medio millón más en plena crisis; siguió despilfarrando cuando redactó un nuevo convenio con el empresario en el que la obligación de urbanizar el polígono pasó de este al Ayuntamiento”.

“Para nosotros, queda clara la intención de beneficiar a determinados particulares en perjuicio de todos los ciudadanos, sin que sepamos la última razón para ello. Afortunadamente, estamos viendo que hay otra forma de hacer política, como ponen de manifiesto los presupuestos aprobados por el Partido Popular el pasado lunes. Ahora, en época de crisis, hemos multiplicado las partidas socioeducativas con respecto a las últimas cuentas del PSOE, allá por 2011”.

Para concluir, Pérez ha indicado que “los vecinos saben hoy que el dinero que pagan por unos impuestos, que por cierto hemos bajado, va destinado íntegramente a dotarlos de servicios. El PSOE aún no ha explicado adónde iba el que recaudaban en tiempos de bonanza económica, para que ahora tengamos el lastre de 60 millones de euros en negativo y el puesto 243 en deuda por habitante entre los 8.116 municipios de España”.

“El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía y el Juzgado nos están dando y nos seguirán dando la respuesta, con operaciones como la compra del campo de golf de Matalascañas, el contrato de la Planta de Reciclaje para Aproindo o el de las multas a favor de Iddiam Sistemas, o la compra de la Dehesa Santa María. Nos propusimos levantar las alfombras de la institución buscando la restitución del patrimonio de nuestros ciudadanos y continuaremos con esta labor”.