Procesan al exalcalde de Bollullos por supuesta prevaricación con una vivienda en suelo rústico

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez tras una denuncia interpuesta por una vecina de la localidad a raíz de la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez entiende que la denunciante, M.J.L.V., y su hermana eran dueñas de una vivienda sita en la calle Calvario de la localidad, por herencia de su madre.

Así, en 2003 Sánchez entabló conversaciones con la denunciante con el objeto de adquirir esa vivienda para construir una plaza pública. Tras ello, en febrero de 2005, sin haberse llevado a cabo expediente administrativo previo en el que conste dicho acuerdo, el Ayuntamiento adquirió la vivienda, comprometiéndose a asumir las cargas urbanísticas que correspondieran en la urbanización y desarrollo del núcleo residencial Los Almendrales, correspondientes a dos parcelas, a sabiendas de su carácter rústico, como compensación por el 50 por ciento del valor declarado de la vivienda, y a pagar la otra mitad de este valor a la hermana de la denunciante, que ascendía a más de 13.000 euros.

El juez asegura que este acuerdo solo fue firmado por la denunciante, sin que su hermana tuviera conocimiento de su existencia a pesar de haber intervenido en las primeras conversaciones ni haya percibido el importe de la adquisición, sin embargo este acuerdo no fue sometido a la ratificación por el pleno del Ayuntamiento, ya que no consta expediente administrativo al efecto.

Tras ello, la vivienda fue demolida en virtud del expediente de declaración de ruina y construida la plaza municipal, y la denunciante fue sancionada por construir una vivienda en la urbanización Los Almendrales en la creencia de que el acuerdo contenía una autorización para ello, sin ser así. Hasta la fecha no se ha modificado el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) de Bollullos a los efectos de la calificación de este suelo.

Por todo ello, el juez dispone que se sigan las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado en este caso, en el que también se ha personado el Ayuntamiento para ejercer como acusación.

En otro auto anterior, el juez señala que la denunciante pretendía rehabilitar la vivienda adquirida por el Ayuntamiento para habitarla, pero debido al interés municipal de demoler la vivienda para construir en su lugar una plaza, esta propuso que le facilitaran otra vivienda y al no llegar a un acuerdo, ‘se le negó la licencia de obras” para restaurar la casa en la década de los 90.

Sin embargo, según reza en la denuncia, la denunciante se siente ‘profundamente engañada’ por Sánchez, ya que el referido acuerdo ‘nunca fue presentado en pleno’, a lo que añade que su hermana ‘no fue llamada para la suscripción del contrato por parte del Ayuntamiento que quedó obligado a ello, por tanto, no se ha producido en ningún momento la cesión del 50 por ciento de la cuota de propiedad, ni tampoco se realizó expediente de expropiación’, pero finalmente derribó la vivienda.

A su vez, indicó que el exalcalde le dijo ‘verbalmente’ a esta vecina que podía construir una casa en la urbanización ‘Los Almendrales’, e incluso firmó para que se le diese el suministro de luz para dicha finca, ‘un acuerdo en el que se recogía que se iba a legalizar la situación de las fincas que habían en la zona’. Sin embargo en 2004 hubo dos órdenes, una de paralización de la obra de la nueva vivienda de ‘Los Almendrales’ y otra de demolición, y en diciembre de 2005 una multa de más de 67.000 euros, que a fecha de mayo de 2010 ascendía a 88.439, embargándosele la cuenta de esta vecina.

DECLARA EL LUNES POR EL RAMOS MANTIS

Cabe recordar que el próximo lunes 8 de abril el exalcalde socialista será juzgado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva por otro presunto delito de prevaricación tras supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de unas obras llevadas a cabo en el parque Ramos Mantis del municipio durante los años 2005 a 2007.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años y costas por un presunto delito de prevaricación.

Por su parte, la acusación particular por este mismo delito solicita que se le imponga la pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de las costas de dicha acusación. A su vez, en concepto de responsabilidad civil, pide que se le condene a indemnizar al Ayuntamiento de la localidad con 744.555 euros por el perjuicio patrimonial causado en sus arcas públicas.

Esta denuncia se remonta al año 2009, cuando el actual alcalde de la localidad, el independiente Francisco Díaz Ojeda, presentó una denuncia ante los juzgados de La Palma del Condado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la contratación. En su declaración, el exalcalde socialista señaló que estas obras estaban consideradas ‘como una obra menor’, sin recordar cómo de tratarse de una obra menor ‘se acabó pagando la cantidad de 608.561,21 euros’, afirmando que sería porque ‘al final se hicieron más obras o porque el material invertido en las mismas sería de mejor calidad’.