Las consejeras del Consejo Audiovisual de Andalucía, Cristina Cruces e Inmaculada Navarrete, han presentado hoy la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, junto al Delegado, en Huelva, del Colegio de Periodistas de Andalucía, Rafael Terán.
El objetivo es el de desterrar malas prácticas informativas detectadas a lo largo de los años.
Esta Guía es el resultado de un exhaustivo análisis y actualización de los códigos deontológicos y recomendaciones existentes en España sobre la materia, así como de los informes y resoluciones del CAA sobre casos prácticos de intervención.
En su elaboración, han participado el Colegio de Periodistas de Andalucía, la RTVA, RTVE-Andalucía, la red de televisiones locales ACUTEL, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Andalucía y la Subdirección de Audiovisual de la CNMC. También han intervenido la directora general de Violencia de Género de la Junta, María Ángeles Sepúlveda, las portavoces parlamentarias de la Comisión de Igualdad del Parlamento andaluz, representantes sindicales, del ámbito judicial, y del ámbito académico y el Instituto Andaluz de la Mujer.
El documento consta de dos partes. En la primera, titulada “El Problema”, se enumeran doce recomendaciones para los profesionales de la información centradas en la relevancia de contextualizar de forma adecuada al elaborar las noticias.
La segunda parte del documento, titulada “La Noticia”, consta de una serie de recomendaciones y prácticas a evitar para informar de forma adecuada.
Otra de las recomendaciones insta al periodista a no buscar causas ajenas al machismo que justifiquen una agresión o un asesinato. El respeto al honor, a la imagen y a la intimidad de las víctimas es otra de las pautas recogidas en este documento, que recuerda también la prohibición de difundir el nombre y la imagen de menores de edad, sean víctimas o agresores.
Finalmente, se recuerda que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe prevalecer mientras no exista una sentencia forme o una conformación de culpabilidad por parte de las fuentes policiales y judiciales. Por ello, recuerda que la difusión de datos personales de los maltratadores han de tratarse con cuidado durante la investigación policial y el proceso judicial.
Y establece que el acusado puede salir en pantalla si va acompañado de la policía, está detenido, esposado o comparece ante la Justicia. Sin embargo, no se debe ralentizar su imagen, congelarla ni resaltarla técnicamente. La relevancia de la información ha de ser la contundencia de la respuesta penal ante la que se enfrenta el maltratador.