El PP-A ha registrado una proposición de Ley en el Parlamento andaluz para la creación, en el seno de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de una comisión de trabajo que dé una solución a la problemática existente en relación a los agricultores y cooperativistas del sector Almonte-Marismas de Doñana que optaron por la retirada de tierras de cultivo.
En la iniciativa legislativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que la citada comisión deberá estar constituida de forma efectiva en el plazo de un mes desde la aprobación de la proposición de ley por parte del Pleno del Parlamento, y estar formada por un diputado de cada grupo parlamentario, por un representante de la Consejería de Agricultura, y por dos representantes de los agricultores y cooperativistas afectados.
El Grupo Popular expone en la iniciativa que, aunque han pasado casi 50 años desde la declaración del Parque Nacional de Doñana, aún no se han cerrado algunos de los proyectos que se pusieron en marcha para el desarrollo del Espacio Natural de Doñana, concretamente de sus zonas de protección e influencia. Uno de esos proyectos es el Plan Almonte-Marismas, plan impulsado desde el Gobierno de España primero y por la Junta de Andalucía después, que tenía por objetivo apoyar el desarrollo económico de la zona.
Según el PP-A, los agricultores y cooperativistas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas formalizaron el 27 de junio de 1997 un acuerdo con la Junta, en un escenario de crisis económica y social sin precedentes y que preveía dos soluciones: el acceso a la propiedad y la retirada de tierras de cultivo.
El PP-A añade que si bien no ha existido casi ningún problema para los agricultores que optaron por la continuidad y el acceso a la propiedad, dado que las iniciales condiciones para la permanencia posteriormente se suavizaron con medidas de apoyo económico y de otro tipo, determinantes para el éxito de esta opción, en cambio, los agricultores que, por sus dificultades económicas no podían cumplir las condiciones requeridas por el Gobierno andaluz en 1997 y se vieron obligados a optar por la retirada de tierras de cultivo, “se han visto
lesionados en su derecho a acceder a la propiedad de la tierra ya que las condiciones tal como finalmente se aplicaron sí podrían haber sido cumplidas por ellos y posibilitarles este acceso”.
Se recuerda que, en marzo de 2017, el Parlamento instó a la Junta a que, en un plazo máximo de 40 días, constituyera una comisión de trabajo formada por un representante de cada grupo político, un representante del Consejo de Gobierno, y dos representantes de los afectados, a fin de buscar una solución definitiva al problema que desde hace años padecen estos agricultores y cooperativistas, si bien aún no se ha creado.