Un total de 330 familias onubenses mayores de 65 años o con algún miembro en situación de dependencia o con movilidad reducida se han beneficiado en 2011 de las ayudas concedidas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para las mejoras residenciales de los inmuebles en los que residen. Para dar respuesta a esta demanda de adecuación del parque residencial existente la Junta de Andalucía ha comprometido una inversión de 463.169 euros.
Esta línea de subvenciones se canaliza a través del programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas, que prevé la concesión de ayudas destinadas a sufragar el coste de las obras y, en su caso, de la asistencia técnica necesaria, para la adaptación o mejora de algunos elementos de la vivienda habitual.
La supresión de barreras arquitectónicas, como la adecuación del ancho de las puertas; la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica o de gas, la instalación de suelo antideslizante y de asideros en los baños, la sustitución de bañeras por platos de duchas, así como la colocación de pasamanos en los pasillos son algunas de las obras cubiertas.
Aproximadamente en el 90% de los casos las ayudas se destinan a la adecuación de cuartos de baño. Se trata pues de pequeñas actuaciones que tienen una gran incidencia social entre la ciudadanía.
La Junta de Andalucía paga 70% del coste de las obras hasta un presupuesto máximo de 2.000 euros y el mismo porcentaje de los honorarios técnicos, si se requieren, hasta un máximo de 600 euros.
Además de los grandes dependientes, pueden beneficiarse de este ayuda los titulares de la Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco o quienes tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 40% y movilidad reducida, siempre que sus ingresos familiares no superen los 18.000 euros anuales y que la vivienda objeto de la ayuda sea su residencia habitual.
Este programa de rehabilitación, como los otros siete que pone la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a disposición de los andaluces, prioriza a las rentas más bajas. El solicitante debe ser titular de la Tarjeta Andalucía-Junta 65 o tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 40% y movilidad reducida.
Los beneficiarios, además, deben tener unos ingresos familiares anuales no superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir unos 18.000 euros.
La Consejería de Obras Públicas ha simplificado el procedimiento para la concesión de este tipo de incentivos, a través de la Orden de desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.
Gracias a este paso, los ciudadanos con problemas de movilidad pueden presentar solicitudes al programa de Adecuación Funcional Básica de viviendas adjuntando simplemente el reconocimiento de su situación de dependencia en grado III (Dependencia Severa) o grado II (Gran Dependencia).
De esta forma, las personas que tengan ya acreditada su situación por parte de la Consejería de Igualdad no tendrán que presentar un certificado del grado de minusvalía ni uno de existencia de dificultades de movilidad.
Además, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda priorizará las solicitudes de ayudas de las familias con alguno de sus miembros en esta situación, por entender que su grado de necesidad es mayor.