La Diputada del Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Rocío Cárdenas, ha denunciado en rueda de prensa el ‘ataque brutal’ que están sufriendo los beneficiarios de la Ley de Dependencia, un total de 15.000 en la provincia de Huelva y más concretamente los 3000 usuarios del Servicio de ayuda a Domicilio, gestionado por la Diputación Provincial.
Rocío Cárdenas se ha referido a las declaraciones que ha hecho públicas la consejera de Salud y de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que cifra la rebaja a la Dependencia en torno a los 60 millones de euros.
La Diputada ha querido dejar claro que la Diputación no quiere recortar ni un solo euro ‘pero mucho nos tememos que estos recortes van a afectar y tendremos problemas para mantener los servicios como lo hacíamos hasta ahora’, se ha lamentado.
Según ha explicado la responsable del Área de Bienestar Social, estas 3.000 personas usuarias de la ayuda a domicilio son atendidas por 1.233 auxiliares, con un total de 143.000 horas prestadas mensualmente. Con la reforma del Gobierno sufrirán una merma de 45.000 horas mensuales, lo que redundará negativamente en la prestación del servicio y supondrá ‘un azote’ al trabajo que realizan los auxiliares de este servicio para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.
Otra de las consecuencias de esta reforma de la ley afecta directamente a la calidad de vida a de los usuarios, que ya no podrán recibir varios servicios a la vez como ayuda a domicilio, teleasistencia, prestaciones económicas o asistencia a centros de día.
Como ha destacado la diputada, el recorte en la Dependencia afecta en la provincia en múltiples factores, ‘también en el empleo’, y en especial al colectivo de mujeres, que son la mayoría del personal de auxiliares y que habían encontrado un importante nicho de puestos de trabajo en este sector. ‘Al disminuir las ayudas también disminuirán los servicios y las oportunidades de empleo para un colectivo especialmente afectado por el paro como es el de las mujeres’.
A juicio de Rocío Cárdenas, difícilmente se podrán cubrir las necesidades más básicas de aquellos que por sus condiciones físicas o psíquicas no pueden hacerlo por sí mismos. ‘No hay un solo pilar del estado de bienestar que no haya sido tocado o afectado’, ha insistido la responsable de Bienestar Social de la Diputación. ‘Han puesto como excusa la crisis y un intento de hacer más sostenible el sistema, como ellos dicen pero la realidad es que vamos a una derogación encubierta de la Ley’, ha concluido Cárdenas.
Según ha explicado la diputada el Gobierno ha ‘zarandeado’ el estado de bienestar y uno de sus pilares más importantes como es la Ley de Dependencia, que fue aprobada con un gran acuerdo político y social en 2006 y que hoy quieren ‘desmantelar’ por la vía de las reformas, ‘aplicando los recortes a los más débiles y desprotegidos de la sociedad’.
La Diputación Provincial constituye la puerta de entrada para las solicitudes de las personas que se acogen a la Ley de Dependencia, que lo hacen a través de los Servicios Sociales comunitarios en los municipios menores de 20.000 habitantes.