Los cooperativistas reclaman a la Junta 11 millones por trabajos de forestación

Esta cantidad es el resultante de la diferencia de los 13,81 millones que, según representantes de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, el colectivo habría recibido en concepto de forestación, y los 2,1 millones que éste dice haber percibido.

La Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas ha presentado un escrito en la Delegación de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva, en el que solicita una reunión urgente con el delegado provincial para abordar la petición del abono.

La comisión recuerda que el Pleno de la Diputación de Huelva instó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a crear una mesa de negociación que conduzca a una solución política y a resolver definitivamente la problemática que afecta a los cooperativistas desde que optaron por la retirada de las tierras de cultivo, y en último extremo se abone la cantidad que se les adeuda, tal y como se deduce de las afirmaciones efectuadas en el Parlamento andaluz la diputada y portavoz del Grupo Socialista, María Lurdes Martín Palanco, reproducidas en la Diputación por la diputada y responsable del PSOE María Esperanza Cortés Cerezo.

Los cooperativistas y productores individuales de los subsectores II-13, II-14 y II-16 también han presentado un escrito en la Corporación provincial en el que piden a los grupos de la Cámara su apoyo y colaboración para que se ‘se acabe de una vez por todas con las ilegalidades en que ha incurrido la Administración socialista en el Plan Almonte-Marismas’, y en el que reclaman igualmente el pago de los trabajos de forestación. En cualquier caso, solicitan a la Junta que aclare adónde han ido a parar los 11,71millones.

El colectivo, que no descarta acudir a la vía de lo penal si no recibe la cantidad que demanda, viene denunciando el perjuicio, trato diferencial discriminatorio y agravio comparativo en el proceso de abandono de su actividad y en las ayudas otorgadas por Junta de Andalucía respecto a los colonos que no dejaron el cultivo de las tierras.

Los cooperativistas exigen una compensación y unas condiciones similares a las del colectivo que optó por la continuidad, condiciones que no fueron pactadas inicialmente y que favorecen a los colonos. La comisión de representantes de sociedades cooperativas, que preside Juan Gamero Egea, asegura que con las mismas circunstancias tampoco habrían abandonado los cultivos y denuncia el incumplimiento por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de los acuerdos pactados y firmados en junio de 1997 entre la Administración y los concesionarios de las tierras.

Los cooperativistas afirman que una vez que optaron por el abandono de las tierras, la Junta esperó hasta el año 2003 y a partir de ahí, unilateralmente y en contra de los acuerdos decidió dar condiciones más ventajosas a los acogidos a continuidad. Así, conforme la Administración procedió a entregar las escrituras de venta autorizó inmediatamente que se pudieran transmitir a terceros, sin tener en cuenta que las condiciones fijadas establecían un plazo mínimo de ocho años.

Unos de los agravios comparativos a favor de los acogidos a continuidad es que las mejoras permanentes han sido eliminadas por la Administración del precio final de las tierras, algunos hasta importes no cobrados por hectáreas de 15.128 euros.

La comisión denuncia ‘pelotazos especulativos’ con el ‘consentimiento y amparo’ de la Junta y pone como ejemplo El Tejar que habría recibido un total de 3,3 millones de euros por 37,60 hectáreas.

Además, señala que en el subsector II-11, la Junta ‘ha permitido y está permitiendo’, que las tierras vendidas en mayo de 2005 a la entidad La Rocina han sido transferidas a terceras empresas mercantiles y que las entidades compradoras, con la ‘omisión de la Administración’ no está desarrollando ningún tipo de actividad agraria sino que están destinada para el disfrute de ocio.