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La Junta resuelve el 64% de las solicitudes para actividades socioeconómicas en el litoral

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado en un comunicado que ha desarrollado desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma andaluza en materia de ordenación y gestión del litoral el pasado abril una continua labor de coordinación e interlocución con los ayuntamientos y empresarios vinculados a la gestión del litoral andaluz para normalizar la situación de los chiringuitos.

De esta manera, después de un proceso de transferencia de las competencias caracterizado por la normalidad y el diálogo, en este periodo la Junta de Andalucía ha centrado sus esfuerzos en tres grandes áreas: la resolución de expedientes relativos a las autorizaciones de ocupación, las autorizaciones sin ocupación y los Planes de Playa.

En total, la Administración ambiental andaluza ha recibido en Huelva 396 solicitudes de autorización y concesión, de las cuales se han resuelto 254 expedientes. En lo relativo a los Planes de Playa, se han recibido nueve planes, de los que se ha resuelto la totalidad de los mismos.

En lo concerniente a las solicitudes de autorización, atendiendo a las autorizaciones con ocupación, sin ocupación y a las relativas a zonas de servidumbre, el nivel de ejecución de la Administración ambiental en la provincia se eleva a casi el 80 por ciento. Por su parte, se han recibido un total de 168 expedientes relacionados con concesiones, de los cuales ya están resueltos 70.

Y es que, con la rápida resolución de estas solicitudes “se ha garantizado la normalidad en la pasada temporada de baño y el desarrollo de la actividad económica autorizada en las playas durante este periodo”, contribuyendo de esta manera a la promoción de un turismo de playa de calidad en el marco de los principios del desarrollo sostenible, es decir, impulsando aquellas actividades económicas compatibles con la preservación de los importantes valores naturales del litoral andaluz.

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente ha incrementado durante este periodo la coordinación entre las administraciones públicas vinculadas con la gestión del litoral al mantener frecuentes reuniones técnicas de trabajo, favoreciendo especialmente la interlocución con los ayuntamientos costeros, titulares de las competencias en el mantenimiento de las playas y gestores de los respectivos Planes de Playa.

En cuanto a las autorizaciones de chiringuitos, desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias, desde la Junta de Andalucía se han mantenido numerosas reuniones con los empresarios de playas para la resolución de los expedientes con los que se otorgan las concesiones, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de este sector fundamental para el desarrollo turístico del litoral andaluz en clave sostenible.

En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente ha constituido la Comisión de Participación en la ordenación y gestión del litoral, un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Medio Ambiente que garantiza la interlocución y participación directa y efectiva de los municipios y agentes económicos y sociales en el seguimiento de las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral y favorece la elaboración de propuestas para avanzar hacia una gestión más sostenible del litoral andaluz.

CONCESIÓN MÁXIMA DE 30 AÑOS

Asimismo, gracias al diálogo y el consenso alcanzado en la toma de decisiones sobre la gestión del litoral andaluz, se han logrado acuerdos de relevancia tales como la ampliación de la autorización de los servicios de temporada para todo el año, con el fin de luchar contra la estacionalidad de los servicios, algo que también ha ocurrido con los Planes de Playa presentados por los ayuntamientos; o la aplicación de un periodo máximo de concesión de 30 años para las instalaciones que presten un servicio que requiera la ocupación del dominio marítimo-terrestre, lo que fomenta la seguridad en las inversiones del sector.

Del mismo modo, se han definido los procedimientos comunes administrativos, fomentando la seguridad jurídica del sector empresarial y la agilización y simplificación de los trámites, aspecto que se ha visto favorecido con la elaboración de una Guía de Tramitación de los Procedimientos en materia de autorizaciones y concesiones que ha sido consensuada con los agentes económicos y sociales.