La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, ha asegurado este martes que el convenio suscrito en 2005 entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Ayuntamiento de Lepe, por el que éste último se comprometía a acometer la urbanización, el suministro de agua y luz y los accesos al centro hospitalario de alta resolución de especialidades (chare) de la costa occidental de Huelva, se “encuentra totalmente vigente”, en tanto en cuanto se trata de una fórmula de colaboración entre instituciones que está recogida tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en la Ley de Salud de Andalucía.
En un comunicado, la Junta insiste en que el Ayuntamiento lepero está realizando “una interpretación errónea e interesada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con el objetivo de incumplir el convenio”.
“Es completamente incierto que la nueva normativa, cuya aplicación se encuentra además paralizada, exima a los ayuntamientos de llevar a cabo actuaciones en materia de urbanismo”, que son estrictamente las recogidas en el convenio firmado el 28 de octubre de 2005 entre el entonces alcalde lepero, Manuel Andrés González, y el SAS en el marco del proyecto del nuevo hospital.
Según se recoge literalmente en el cuarto punto del mismo, el Consistorio se comprometía a “asumir los gastos de urbanización con suministro de agua potable y energía eléctrica, con caudal y potencia suficientes, así como con evacuación de aguas residuales para el correcto funcionamiento del hospital”. Y la urbanización de una parcela comprende también la habilitación del acceso rodado a la misma por vía urbana pavimentada, tal y como señala el artículo 148 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Asimismo, en el punto ocho del convenio se indica que “las administraciones firmantes adquieren el compromiso de promover las actuaciones necesarias que faciliten el fiel cumplimiento del presente convenio, que se extinguirá cuando se dé cumplimiento a las previsiones contenidas en el mismo”, lo que invalida otro de los argumentos utilizado por el Ayuntamiento lepero para sostener que dicho acuerdo ya no tiene vigencia.
Por otro lado, el artículo 57 del texto actualizado de la Ley de Bases de Régimen Local mantiene que la “cooperación económica, técnica y administrativa” entre las corporaciones locales, el Estado y las comunidades autónomas “en servicios locales y en asuntos de interés común” se podrá desarrollar “mediante los consorcios o los convenios administrativos que se suscriban”. Mientras que la Ley de Salud de Andalucía, en su artículo 38, posibilita a los municipios a “colaborar en la construcción, remodelación y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios”.
“NO HA MOSTRADO INTERÉS”
Por último, la Junta lamenta que el Ayuntamiento de Lepe, con la finalidad de justificar su posicionamiento ante su propia ciudadanía y la del conjunto de la comarca, “se escude ahora en la nueva normativa o en su falta de competencias para no hacer frente a las obligaciones adquiridas, cuando a lo largo de los años en que ha durado la construcción en ningún momento ha mostrado interés ni ha apoyado la puesta en marcha del centro hospitalario”.
Una muestra son los más de cuatro millones de euros que recibió en el pasado del Gobierno central a través del Plan E y que “destinó íntegramente a la construcción de un campo de fútbol en lugar de acometer la urbanización”.
A diferencia de ello, la Junta “sí ha cumplido con su compromiso de completar en el plazo previsto la construcción del hospital”, que va a prestar cobertura a las alrededor de 82.000 personas residentes en las localidades de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca.
Por ello, señala que el Gobierno andaluz ha demostrado su “lealtad” al Consistorio lepero y a la ciudadanía al dar respuesta a los compromisos adquiridos, refiriéndose a la mejora de la red de infraestructuras sanitarias de la provincia onubense, gracias a los 21 millones de euros invertidos en la construcción y equipamiento del citado centro, cuyo certificado de finalización de obras fue emitido ya el pasado día 14 de diciembre, y no entiende “por qué la institución municipal se desmarca cuando el proyecto es ya una realidad”.