El fiscal encargado del caso del doble crimen de Almonte, ocurrido en abril del 2013, en el que murieron una niña de ocho años y su padre, ha formulado su escrito de acusación en el que solicita 50 años, la máxima pena, por dos delitos de asesinato, para F.J.M., el único acusado por los hechos y que fue detenido en junio de 2014.
Según reza en el escrito de acusación, el fiscal también le solicita el pago de una serie de indemnizaciones –200.000 euros para la expareja y madre de la niña y 100.000 para los padres del fallecido–, así como el alejamiento y la prohibición de aproximarse y comunicarse con estas personas por cualquier medio a una distancia no inferior a 500 metros durante diez años.
Del mismo modo, procede acordar que la clasificación de tercer grado del penado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, así como la testifical durante el juicio de familiares de las víctimas, agentes de la Guardia Civil y peritos forenses.
LOS HECHOS
El fiscal señala en su escrito que antes de las 22,00 horas del 27 de abril de 2013, el acusado, “decidido a acabar” con la vida de este hombre, con cuya esposa mantenía una relación sentimental de forma paralela desde hace años, y “movido por los celos hacia éste, se acercó a la vivienda debidamente pertrechado y provisto de guantes y accedió a su interior”.
Una vez allí, según remarca el fiscal, inició una discusión con la víctima, que acababa de salir de la ducha, y durante la misma, valiéndose de un cuchillo que portaba, “comenzó a asestarle puñaladas por todo el cuerpo de forma indiscriminada, causándole 47 heridas”.
En el citado domicilio también se encontraba la hija de éste y de la que era su pareja, de ocho años de edad, y el acusado, “decidido también a acabar con su vida y para evitar que ésta le delatara, le asestó de forma repetida y por todo el cuerpo múltiples cuchilladas”, causándole más de un centenar de heridas.
El fiscal considera que el acusado, una vez cometidos los hechos, abandonó la citada vivienda, mientras que los cuerpos sin vida fueron encontrados dos días después, el 29 de abril, por el abuelo materno de la niña.
Así, una vez trasladado este escrito al Juzgado de Primera de Instrucción 1 de La Palma del Condado, el siguiente paso es la celebración de la audiencia preliminar en el citado juzgado. Hasta allí acudía a testificar esta mañana el acusado.
LA MISMA PETICIÓN
Cabe recordar que las acusaciones particulares, ejercidas por un lado por la familia del hombre fallecido –padres y hermano– y, por otro, por su expareja y madre de la pequeña también fallecida, también solicitaron 50 años de prisión para este hombre por dos delitos de asesinato con los agravantes de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar, abuso de confianza y parentesco.
Según reza en el escrito de la acusación, ejercida por la expareja y madre de la niña, le pide por cada delito la pena diez años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde resida esta mujer y la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, así como una indemnización por parte del acusado hacia ella de 250.000 euros en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral ocasionado.
Por su parte, la acusación ejercida por los padres y hermano del fallecido solicita además de la pena de cárcel doce años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde residan estas personas y la prohibición de aproximarse y comunicarse con las mismas, así como una indemnización de 300.000 euros a los padres de la víctima.
Por otro lado, el Juzgado de Primera de Instrucción 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, ha citado a las acusaciones y al Ministerio Fiscal este viernes en una comparecencia para que las partes acusatorias soliciten la prórroga de la prisión preventiva del detenido, pues el 28 de junio cumple dos años en la cárcel. En esta cita, el acusado debe estar presente, aunque se desconoce si se comunicará a través de videoconferencia.
VUELVE A NEGAR LA LIBERTAD
A principios de junio este juzgado desestimó el recurso de reforma interpuesto por la defensa de F.J.M.R., en el que pedía su puesta en libertad, por lo que volvió a negarla.
Según reza en este auto, la juez considera que “persiste el riesgo de fuga y el de alteración de fuentes de pruebas, teniendo en cuenta la inminencia del juicio, la falta de arraigo suficiente del investigado y la gravedad de las penas que llevan aparejadas los delitos investigados”.
En cuanto a los indicios de criminalidad contra el imputado, los mismos se mantienen y siguen existiendo en este momento procesal. Del mismo modo, insiste, tal y como lo hace en autos anteriores, en los restos de ADN hallados en tres toallas, ubicados en dos baños diferente de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, los cuales “se han dejado por contacto directo con estas toallas, y no por transferencia indirecta o secundaria, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que se investigan”, teniendo en cuenta que el detenido no subía al domicilio desde hacía más de tres años.
A su vez, en el auto cita otras pruebas como la huella de la zapatilla del supuesto autor, la apertura de la puerta sin forzar la cerradura o la salida horaria del establecimiento en el que trabajaba el detenido, y finalmente vuelve a negar su libertad. Este recurso fue impugnado por la Fiscalía y por las acusaciones particulares.