El Estado reclama a los ayuntamientos 14,85 millones de euros por los anticipos entregados en su momento a cuenta de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sobre el Valor Añadido (IVA), alcohol y derivados, cerveza, por las labores de tabaco, productos intermedios e hidrocarburos, por la liquidación del Fondo Compensatorio de Financiación y por la liquidación de las compensaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Las cuentas de todas las entidades locales menores de 75.000 habitantes, salvo diez, presentan un balance negativo de la cesión de tributos y fondos complementarios de financiación y tienen que devolver dinero al Estado.
Algunos de los ayuntamientos tienen una deuda que alcanza casi 1 millón de euros, como es el caso de Lepe, que con un débito final de 942.192 euros encabeza la lista de los diez más endeudados.
Después de Lepe el que tiene contraída una mayor deuda con el Gobierno central es Almonte, que alcanza los 816.000 euros y a éste le sigue, prácticamente con la misma cantidad Aljaraque.
Isla Cristina y Cartaya, por este orden, superan los 700.000 euros de débito, a los que sigue Moguer, con 687.179 euros. Algo por encima de la barrera de los 500.000 euros se sitúa Ayamonte y ya por debajo de ella, Punta Umbría con 411.784 euros, San Juan del Puerto con 388.570 euros y La Palma del Condado con 313.361 euros.
En un nivel similar a este último Ayuntamiento se sitúa Bollullos Par del Condado, con 309.831 euros. Como es lógico (la participación en los ingresos del Estado se mide por población), son los municipios con más habitantes y mayor dinamismo económico los que más deben al Estado; todos están situados en la zona de la Costa onubense.