La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su disconformidad porque, según explican, los propios agentes tendrán que comprarse chalecos antibalas para su protección, debido ala carencia de material. En un comunicado, han señalado que “resulta incomprensible que los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos no dispongan de los medios básicos que les ayuden a salvaguardar la suya propia”. Además, han asegurado que “los guardias civiles sufrimos una alarmante escasez de chalecos que deben ser compartidos entre los miembros las unidades, existen problemas con las tallas y la ergonomía de los mismos para que coincidan con las características anatómicas de los agentes. En el caso de las mujeres este problema es aún más acuciante, ya que no disponen de prendas específicas adaptadas a su género”.
Ante esta situación son muchos los agentes que han optado por costearse de su propio bolsillo el chaleco antibalas, los cuales tienen un coste aproximado de 600 euros. la AUGC asegura también que “en la Comandancia de Huelva, ante la petición de los agentes, se ha llegado a afirmar por escrito que no existe presupuesto para comprar los chalecos de forma individual, hecho como es lógico que está recurrido al juzgado, porque la seguridad de los agentes para AUGC es lo primero que tenemos que defender”.
Todo ello al mismo tiempo que, ante la amenaza del terrorismo yihadista, el Ministerio del Interior cursa una orden para que todos los agentes de Policía y Guardia Civil que mantengan contacto con los ciudadanos o custodien algún edificio o instalación porten en todo momento los chalecos antibalas.
AUGC, con más de 30.000 afiliados, de los cuales más de 800 se encuentran destinados en la provincia de Huelva,es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe)”.