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27
Abr
2018

La aprobación del ‘desalojo exprés’ en las viviendas ocupadas, una “magnífica noticia” para el COAF

Condavisión | Provincia | 17:17 pm

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva ha mostrado su satisfacción después de que conocerse que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley que permitirá ejecutar el desalojo exprés (en un plazo máximo de 20 días) de una vivienda ocupada ilegalmente.

El presidente del COAF de Huelva, David Toscano, ha calificado de “magnífica noticia” la aprobación de la proposición de ley en la Cámara Baja y ha señalado que, de salir adelante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal, se “agilizarán sobremanera los trámites para desocupar el inmueble”.

Toscano ha subrayado que el procedimiento judicial “se acortará en unas dimensiones tremendas, por lo que entraremos en procesos rápidos de desahucio”, de manera que “los titulares de las viviendas “tienen más posibilidades de que en un tiempo mucho más reducido, podamos tener el proceso concluido”. Por otro lado, indica que continúa siendo el titular del inmueble el único que puede impulsar la acción judicial, si bien las comunidades de propietarios incluso se pueden personar en la causa, es decir, una presión vecinal que también se trasladaría a los tribunales contra los ocupantes.

Para el presidente del COAF de Huelva, es un “excelente punto de partida para poder tener éxito en los juzgados, ya que el juez dará 20 días a los ocupantes para justificar o acreditar la ocupación, y de no ser así, se procedería al desalojo del inmueble dentro de ese plazo”.

Si bien la iniciativa de la propuesta ha sido de PDeCAT, Toscano ha recordado que precisamente el Colegio de Administradores de Fincas de Huelva ha sido uno de los actores que más ha denunciado la situación. El fenómeno de la ocupación ilegal afecta especialmente en nuestra provincia a las viviendas vacacionales del litoral y ha provocado numerosas quejas de propietarios por problemas, entre otros, de convivencia e incluso de daños materiales en los inmuebles y zonas comunes. En Huelva, el grueso de la viviendas ocupadas son propiedad de entidades bancarias –inmuebles que no están en uso al no haberlas podido vender o arrendar–, y muy pocas pertenecen a particulares.

Una lucha que da sus frutos
De igual modo, el vicepresidente del Colegio onubense, José Antonio Oria, ha expresado que la aprobación del ‘desahucio exprés’ en el Congreso es de alguna manera fruto de la implicación del COAF a la hora de difundir el problema, dándole visibilidad en los medios de comunicación de ámbito local y nacional, y urgiendo a las administraciones y autoridades judiciales a poner freno y soluciones a la proliferación de ocupaciones ilegales. Con esta medida, subraya Oria, termina el ‘vacío legal’ que ha existido hasta ahora en la materia, y que ha dejado indefensos a los titulares de los inmuebles.

El propio Oria ha señalado en varias ocasiones –como lo hiciera en el último Curso Dospuntocero del CAF Málaga– la necesidad de una mayor implicación de las autoridades policiales y judiciales contra las ocupaciones ilegales, así como un endurecimiento de la normativa, que por fin se materializa en la ley.

Con la nueva normativa –que debe pasar aún por el Senado–, el proceso de desalojo se inicia cuando el titular del inmueble denuncia la situación ante los tribunales de Justicia, y si el ocupante u ocupantes no pueden justificar su estancia en la vivienda, se abrirá un plazo de veinte días para que el juez determine el desahucio mediante un procedimiento agilizado.

Huelva se encuentra entre las provincias que más sufre este problema en Andalucía, junto con Málaga y Cádiz. Desde el COAF, una de las recomendaciones que han trasladado constantemente es la de que las comunidades de propietarios y sus comuneros denuncien todos los casos de ocupaciones para que al menos las empresas suministradoras tengan constancia de que se han apropiado fraudulentamente de su servicio.

Con todo, el COAF de Huelva destaca que es un “importante punto de partida” para un problema que no acarrea más que obstáculos para la correcta gestión de las comunidades, generando problemas de convivencia entre los vecinos.

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