El Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento bollullero ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que viene a ratificar el excelente trabajo realizado por el Equipo de Gobierno en los últimos meses y que fue presentado a la Administración central hace algunas semanas.
En dicho Plan, destacan las medidas de ahorro que va a llevar a cabo el gobierno municipal durante los próximos 10 años. Por una parte, la revisión del capitulo de personal, amortizando las plazas de jubilación y reducción de sueldos, y por otro, la gestión de convenios con empresas suministradoras para ahorrar en los costos, medidas de ahorro energético, reducción de gastos corrientes, así como el equilibrio de tasas y precios públicos, lo que redundará en un ahorro económico que saneará las cuentas municipales.
El Ayuntamiento aprobó en el Pleno del 30 de marzo, con los votos a favor del Equipo de Gobierno (PP e IxB), y en el que votaron en contra IUCA y PSOE, a pesar de que un 90% de la deuda generada se produjo en el periodo en que gobernaban los socialistas, un Plan de Ajuste que supondrá un ahorro global en el periodo 2012-2022 de unos 6 millones de euros.
Dentro del Plan de Ajuste se incluye el pago de más de 5.500.000 euros a proveedores con facturas pendientes anteriores al 31 de diciembre de 2011, y que comenzarán a cobrar en las próximas semanas, y que el Consistorio abonará a Hacienda durante los próximos diez años, con una carencia en los dos primeros.
El portavoz del grupo popular, Francisco Martín y el propio Alcalde de la ciudad, Paco Díaz, recordaron a los portavoces de la oposición que cometían un acto de irresponsabilidad política al votar en contra de un Plan que lo único que pretende es pagarles a los proveedores de una vez por todas. Mientras, el portavoz de IxB, Sergio Rosado valoró muy positivamente el acuerdo, ya que va a permitir a muchas pequeñas y medianas empresas ingresar unas importantes cantidades que harán posible el mantenimiento del tejido empresarial de la ciudad, además de salvaguardar los derechos de los trabajadores y su cumplimiento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y prevé un remanente líquido de tesorería positivo de unos 900.000 euros al final de la próxima década.