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Izquierda Unida pregunta en el Parlamento por qué no se ha creado aún el grupo de trabajo que iba a buscar una solución a los cooperativistas del Plan Almonte-Marismas

El Grupo de Izquierda Unida ha registrado una pregunta en el Parlamento de Andalucía en la que se interesa por la problemática de los cooperativistas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas. En concreto, la parlamentaria de Izquierda Unida Lola Quintana ha registrado la iniciativa en la que pregunta a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural cuáles son los motivos por los que aún no se ha constituido el grupo de trabajo para abordar desde el diálogo la problemática de los cooperativistas del Plan Almonte-Marismas y la propuesta de medidas compensatorias. IU recuerda que ya hubo un acuerdo de la comisión parlamentaria de Agricultura el pasado 21 de mayo y que abordó la situación. El Grupo Parlamentario quiere saber cuál es la previsión sobre la constitución de este grupo de trabajo por parte de la Consejería teniendo en cuenta que el mandato era que se creara antes de la finalización de este año.

La propuesta de Izquierda Unida tenía como objetivo ampliar la concesión de tierras a los cooperativistas cuya finalización está prevista en 2016 para poner fin definitivamente y compensar los agravios sufridos por 160 cooperativistas desde el año 1997.

La nueva iniciativa se produce tras la reunión mantenida entre la comisión de representantes de los cooperativistas, que preside Juan Gamero, y el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Pedro Jiménez.

El conflicto se originó hace ya 17 años cuando la Consejería de Agricultura y Pesca y la comisión de representantes de las sociedades cooperativas firmaron un acuerdo en el que se establecieron determinadas condiciones para los colonos que se quedasen con las labores de tierras y otras para quienes decidieran abandonarlas. Ante las exigencias de la Junta el 70% de los colonos decidió abandonar. Pero la Junta de Andalucía, en contra de dicho acuerdo, permitió el acceso a la propiedad del resto de concesionarios acogidos a la continuidad de forma más ventajosa que las acordadas.

La iniciativa de Izquierda Unida pretende resolver de una vez el agravio comparativo que provocó en su día la decisión tomada por la Consejería de Agricultura.