El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, Pedro Jiménez, defenderá en el pleno que se celebra mañana una iniciativa en la que pide el rechazo al Real Decreto 900/2015 sobre el autoconsumo eléctrico, promulgado por el Gobierno del PP, así como que sea derogado tras las próximas Elecciones Generales.
Jiménez reclama, con esta iniciativa, que este Decreto se modificado íntegramente, y que se abra un proceso participativo de redacción, con la máxima urgencia, para elaborar una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto alcanzar los beneficios económicos, ambientales y sociales que puede generar el autoconsumo energético teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes afectados por esta normativa.
La iniciativa de Izquierda Unida considera que el autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático. El autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior (que en el caso del Estado español es del 86%) y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente.
Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local; además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a día de hoy, no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país.
Además de esta iniciativa, Pedro Jiménez defenderá en el pleno de la Diputación Provincial otras dos mociones. En una de ellas se pide ayuda para la campaña solidaria que ha puesto en marcha la Federación de asociaciones de ayuda al Sahara, ante los graves daños ocasionados en los campos de refugiados saharauis por las inundaciones que han sufrido.
Por último, Izquierda Unida defenderá en el pleno de la Diputación la misma iniciativa que se aprobó recientemente en el Ayuntamiento de Huelva para que las personas sordas dispongan de intérpretes de lenguaje de signos que puedan atenderlas y comunicarse con ellas en la institución provincial.