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6
Feb
2012

IU vota en contra de prorrogar el contrato de Aqualia

| Almonte | 21:14 pm

El portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Almonte, Daniel Martínez, y el vicepresidente de la Mancomunidad de Servicios de Huelva y secretario de Organización Provincial de IULV-CA, Francisco J. Camacho, han afirmado este lunes que IU va a votar en contra de prorrogar el contrato a Aqualia con el fin de que a partir de febrero de 2013 no siga encargada del funcionamiento de las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Matalascañas.
En rueda de prensa, Martínez ha pedido que Aqualia invierta en la EDAR unos tres millones de euros para su mantenimiento, el cual está muy deteriorado. En este sentido señala dos responsables de esta situación, por una parte a la empresa y por otra al anterior equipo de gobierno del ayuntamiento de Almonte. Ha criticado ‘la dejadez del gobierno del exalcalde socialista Francisco Bella, alcalde de la localidad durante 20 años antes de las elecciones municipales’.
Por su parte Aqualia estaría dispuesta a pagar la inversión de emergencia que supone unos 4 millones de euros con la condición de que el contrato sea prorrogado 10 años.
De no realizarse estas mejoras de emergencia en las instalaciones se podría producir un colapso y las consecuencias de un vertido serían desastrosas para el entorno, poniendo así en peligro el sector turístico de la localidad.
Martínez aseguraba que IU va a votar en contra de que Aqualia siga gestionando esta depuradora y propone que Giahsa sea la encargada del funcionamiento de las instalaciones del EDAR de Matalascañas. Esta propuesta implicaría una subida de tarifas a todos los ciudadanos de Matalascañas de hasta 180% en el recibo del agua.
Por su parte el equipo de gobierno del ayuntamiento de Almonte asegura que este acuerdo con Aqualia se plantea por una cuestión de seguridad y de salubridad, debido a la falta de respuestas por el Ministerio de Medio Ambiente y la consejería del ramo.
Desde el consistorio se incide en que el contrato contempla la posibilidad que una vez iniciada la obras o terminadas, si otro organismo las financiase por ejecución del proyecto principal, que supondría una inversión de unos 22 millones de euros, el compromiso de prórroga con la empresa terminaría.

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