El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Pedro Jiménez, junto con el secretario provincial de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, y el secretario provincial de Organización de UGT en Huelva, Javier Pérez, ha realizado hoy, en rueda de prensa, un llamamiento público a la población de Huelva para que se sume a la movilización que han convocado los sindicatos CCOO y UGT a las 11 horas de mañana miércoles, frente a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, “para protestar contra la persecución penal y las sanciones a sindicalistas que ha desplegado el gobierno del PP con el que quiere acabar con la protesta social y de los trabajadores y trabajadoras en la calle contra sus medidas y recortes antisociales”, señala Jiménez.
Jiménez detalla que, entre las personas afectadas por “el clima de persecución que ha generado la Subdelegación del Gobierno en Huelva, con su titular, Enrique Pérez Viguera, al frente”, hay un total de once militantes de Izquierda Unida, pertenecientes al PCA y a la UJCE, sobre los que pesan procedimientos penales, a los que hay que sumar tres militantes más que tienen abiertos procedimientos sancionadores de carácter administrativo.
El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva y los dirigentes sindicales de UGT y CCOO en Huelva, junto con más integrantes de las respectivas direcciones de las tres organizaciones han mantenido esta mañana un encuentro para abordar esta situación, en la que han coincidido en denunciar que “lo que pretende el gobierno del PP es atemorizar a la gente para que no se movilice y reclame, en la calle, los derechos que les está arrebatando el gobierno, con la imposición de sanciones y denuncias para abrir procedimientos penales por presuntos hechos que no se sostienen en realidad”, precisa Pedro Jiménez.
En el caso de Huelva, destacan los casos del secretario provincial del PCA y responsable provincial de Convocatoria Social en Izquierda Unida, Daniel Hernando y del secretario provincial de Organización de CCOO y militante de Izquierda Unida, José Manuel Valderas, sobre los que pesan sendos procedimientos penales, en los que se les reclaman el pago de 60.000 euros, la cuantía por estos casos más alta de España. En este sentido, Jiménez explica que los procesos penales y sancionadores abiertos en Huelva datan de presuntos hechos ocurridos en la Huelga General convocada por los sindicatos el 14 de noviembre de 2012, “que, según las denuncias policiales, parece que en Huelva se saldó con grandes incidentes, cuando nunca fue así, ya que en realidad la Subdelegación del Gobierno sólo ha pretendido atemorizar a las personas que se movilizan en defensa de los derechos de la gente”.
En la actualidad, la campaña de persecución penal que ha desatado el gobierno del PP contra sindicalistas supone que se están pidiendo en diferentes procesos hasta un total de 120 años de cárcel para las personas afectadas en todo el país, habiendo sido algunas de ellas ya condenadas.