IU reclama a la Diputación que intervenga para acabar con la usurpación de caminos rurales en la provincia de Huelva

Pedro Jiménez, Portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, y Antonio Morano, Concejal de IU en la localidad serrana de Castaño del Robledo y activista de la  Asociación Los Pies en la Tierra, han anunciado hoy una nueva iniciativa que va a defender el propio Pedro Jiménez en el próximo Pleno de la Diputación Provincial para acabar con la usurpación de caminos públicos, vías pecuarias y hasta cauces fluviales que permanecen en manos de propietarios privados, que impiden “lo que debería ser el libre acceso a estas vías públicas a cualquiera que quiera o necesite hacerlo, por parte de personas que roban impunemente caminos que atraviesan sus propiedades, ante la pasividad de las administraciones”.

Antonio Morano ha precisado que en toda la provincia de Huelva puede haber cerca de un millar de caminos rurales usurpados, aunque la lucha para liberar estas sendas públicas, lleva más de un año concentrándose en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con movilizaciones periódicas, convocadas por el colectivo Los Pies en la Tierra, que han llevado a miles de personas ya a reclamar la recuperación de estos caminos recorriéndolos, allí donde suceden estas usurpaciones. Morano alerta de que, según “las denuncias que nos llegan, la usurpación de caminos se extiende por toda la provincia de Huelva, aunque se da con especial virulencia en la Sierra, como ocurre, por ejemplo, en Jabugo donde todos sus caminos rurales, excepto dos, están cortados por los propietarios de las fincas que atraviesan”. Morano se queja de que “los caminos públicos están desapareciendo de los catastros y que cuando se denuncian, éstas no prosperan, incluso cuando se interpone alguna demanda porque algún propietario ha impedido a personas transitar por ellos, estas denuncias nunca llegan a instancias superiores y terminan perdiéndose”.

Para tratar de poner un remedio a esta situación, Izquierda Unida reclama a la Diputación Provincial que pida a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva que realicen un inventario de sus caminos rurales públicos, para proceder a recuperarlos, eliminando las barreras de todo tipo que los mantienen cortados. Para ello, “le pedimos también a la Diputación que colabore con los ayuntamientos, aportándoles los medios necesarios para realizar este trabajo, con la finalidad de que se sepa exactamente cuántos caminos públicos existen, para poder liberarlos y devolverlos a su legítimo uso público”, según ha explicado Pedro Jiménez. Izquierda Unida ya presentó una moción similar a ésta en la Diputación el año pasado y aunque resultó aprobada, “no se ha hecho casi nada para acabar con la usurpación de caminos y las movilizaciones para exigir su liberación continúan”. Así, el próximo 20 de mayo, Los Pies en la Tierra ha convocado la décima marcha senderista para ello que recorrerá un camino usurpado situado en el término municipal de Cortelazor.

El inventario de los caminos rurales públicos es una medida fundamental, “pues sólo los municipios de Zufre y Santa Ana la Real tienen inventariados los suyos, lo que no sucede en el resto de municipios, por lo que es seguro que hay cientos de kilómetros de caminos públicos usurpados, donde los propietarios de las fincas que los tienen cerrados llegan a construir hasta instalaciones fijas como almacenes o hasta edificios agropecuarios”, según denuncia Antonio Morano.

Esta iniciativa de Izquierda Unida también incluye también la exigencia a la Junta de Andalucía para que ayude a esta tarea y “se ocupe de la vías pecuarias, usurpadas también, de las que parece que a nadie le interesa que estén cortadas, aunque son competencia de la propia Junta de Andalucía”, apunta Morano.

La usurpación para su uso privado, de los caminos públicos, vías pecuarias y senderos, se produce impunemente cuando los propietarios de las fincas por donde pasan los cierran con vallas cinegéticas, con puertas cerradas con candados o con cualquier otro medio, negándoles el paso a todas las personas, incluidos los vehículos de extinción de incendios, lo que supone un riesgo evidente, ante el que “las administraciones tienen que actuar porque permiten que esos propietarios se hagan los dueños de unas vías que deberían ser de libre acceso para todas las personas que por cualquier motivo tienen derecho a usarlas libremente”, explica Antonio Morano.

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