IU pregunta a la Comisión Europea si el proyecto de Gas Natural en Doñana viola la legislación comunitaria en materia de medio ambiente

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha preguntado a la Comisión Europea si conoce los permisos que el Gobierno del PP otorgó en 2013 a Gas Natural para extraer y almacenar gas del subsuelo del parque de Doñana y si cree, teniendo en cuenta que se trata de una zona de incalculable valor medioambiental, que el proyecto se ajusta a la legislación comunitaria.
En su escrito, López explica que hay “dudas fundadas” de la legalidad del proyecto de Gas Natural, puesto que se resolvió “troceándolo en cuatro declaraciones de impacto ambiental”. La empresa energética pretende desarrollar en el espacio protegido de Doñana un almacén de gas subterráneo que conlleva abrir 14 nuevos pozos exploratorios y 20 kilómetros de nuevos gasoductos
Además, López recalca que la Junta de Andalucía, precisamente por esas dudas, ha bloqueado el proyecto hasta que reciba una confirmación de la validez del proceso, que ya fue investigado por el excomisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik. Por este motivo, López también pregunta si, en estos momentos, la Comisión está llevando a cabo alguna investigación.
La eurodiputada avisa a la institución comunitaria de que en el entorno de Doñana hay varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se hace eco de la “preocupación” que recientemente ha expresado el director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Kishore Rao, por la situación del parque, ya que está reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Izquierda Unida se ha interesado también por este tema en el Congreso de los Diputados. El parlamentario de La Izquierda de Aragón, Álvaro Sanz, ha remitido varias preguntas al Ejecutivo ante las autorizaciones del proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la negativa de la Junta andaluza a concederlas por los previsibles impactos ambientales sobre el Parque de Doñana y la intención de Gas Natural de reclamar a la Junta 358 millones de euros si no da luz verde al proyecto.