IU denuncia que la Ley de Servicios Sociales que quiere el PSOE para Andalucía “facilita la precariedad laboral”

La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado hoy en rueda de prensa la moción que va a defender en el pleno municipal que tendrá lugar el próximo miércoles “con la que reclamamos el respaldo de la Corporación a las medidas que desde Izquierda Unida queremos incluir en la nueva Ley de Servicios Sociales para evitar que se apruebe la que defiende el PSOE, en la que se manifiesta la grave deriva conservadora que está protagonizando el gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía”. Precisamente, el próximo miércoles también se debatirá en el Parlamento Andaluz la enmienda a la totalidad que Izquierda Unida ha presentado, ante el proyecto de Ley que defiende el PSOE.

Rossi alerta de que el proyecto de Ley que mantiene el Gobierno andaluz “aplica políticas conservadoras y derechizadas que abren la puerta a las externalizaciones de los servicios sociales para que su prestación sea ejecutada por empresas privadas que van a incrementar la precarización laboral de sus plantillas, ya que no se van a tener cuenta cláusulas sociales que lo eviten”.

Además, la concejala de IU en Huelva expone que “el proyecto de ley que acaba de iniciar su trámite parlamentario no sólo no mejora la actual ley en vigor, a pesar de que ésta fue promulgada en 1988, sino que empeora la actual prestación de los Servicios Sociales en Andalucía”. En este sentido, Rossi detalla que “lo que defiende el PSOE no define lo que debería ser una red de servicios sociales para el siglo XXI, no soluciona lo graves problemas de financiación que sufren los ayuntamientos para prestarlos y es especialmente grave el blindaje que quieren hacer de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales, que como ha ocurrido con otras agencias andaluzas creadas por el gobierno andaluz del PSOE sólo servirán impedir el control público de la prestación de los servicios sociales”. Por ello, Izquierda Unida exige la eliminación de dicha agencia o su sustitución por un servicio totalmente público.

Mónica Rossi reclama que “lo que se deben blindar son los servicios sociales públicos por lo que le pedimos a la Junta de Andalucía que sea valiente y evite que las medidas antisociales para reducir el gasto público, provocadas por la modificación del artículo 135 de la Constitución, no comprometan e impidan la prestación de los servicios sociales”.

Entre las propuestas que Izquierda Unida reclama para que Andalucía tenga una verdadera legislación pública para desarrollar la prestación de los servicios sociales destaca “que se presten siempre que sea posible por parte de la administración pública y que cuando esto sea imposible y esté debidamente justificado se le otorgue prioridad a la iniciativa social frente a la privada”, expone Rossi. Izquierda Unida también reclama que se definan ratios de población por trabajadoras sociales, así como que las figuras de profesionales de educación social y psicología sean recogidas de manera obligatoria como parte de los equipos de intervención social.

Por último, Mónica Rossi destaca “la amplia oposición al proyecto de ley que defiende el PSOE que han manifestado numerosos colectivos sociales, organizaciones sindicales y colegios profesionales del sector”.