Huelva y su panorama judicial

El fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Luis Fernández Arévalo, ha señalado que, teniendo en cuenta el nivel de delincuencia en Huelva, dicha provincia está “atendida perfectamente” en este ámbito, aunque reconoce que, “lógicamente, harían falta más jueces, fiscales y personal asignado a las Oficinas Judicial y Fiscal” para agilizar todo el trabajo y que el tiempo medio de resolución de las causas fuese menor.

Por otro lado, la tipología delictiva más frecuente en la provincia responden a los delitos contra la seguridad vial y de violencia de género y doméstica, contra la propiedad y contra la salud pública, refiriéndose al tráfico de estupefacientes, sobre todo por la ubicación geográfica de la provincia de Huelva, lo que la convierte, junto a Cádiz, “en una puerta de acceso de la droga procedente del norte de África”.

En cuanto a la actividad delictiva, el fiscal jefe ha reconocido una cierta disminución de la tasa de delincuencia, que viene a coincidir con el número de registros policiales y de presos en las instituciones penitenciarias españolas, estableciéndose a la baja también el número de procedimientos. Una circunstancia que se ha dado a nivel nacional.

Sobre el número de fiscales existentes en la provincia, que alcanza los 28, más dos de refuerzo, ha lamentado que desde 2010 “no se hayan creado nuevas plazas en esta Fiscalía”, a lo que ha añadido que es “necesario adecuar la dimensión de la Fiscalía a la realidad consolidando al menos esos refuerzos”.

Sobre esta situación, ha precisado que está “vinculada” a la nacional, donde el sistema “es prácticamente de crecimiento cero de jueces y fiscales debido también a la situación económica a nivel global, por lo que para paliarlo se ha incrementado en dos años la edad de jubilación.

Por último, Fernández Arévalo ha destacado la labor del fiscal, que se centra en la defensa imparcial de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés social, promoviendo así la investigación de los delitos, impulsándola y tomando las decisiones correspondientes para llevar a juicio oral a aquellas personas sobre las que existen indicios de criminalidad, o bien solicitando el sobreseimiento de las causas en las que no aprecie tales indicios, sin perjuicio del derecho de las partes acusadoras particulares, si existieren, a interesar lo contrario.