El exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez se ha declarado este lunes inocente de un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en el Parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 a 2007 en la primera sesión del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial de Huelva, durante la que ha asegurado que confiaba ‘plenamente’ en los técnicos y en sus concejales y ha defendido que “sabía lo que firmaba pero los técnicos eran los responsables’.
Durante su declaración, el exalcalde, que tuvo que abandonar la Alcaldía en 2008 tras una moción de censura, ha asegurado que quizás ‘haya pecado de exceso de confianza’ en sus técnicos y ha reiterado que si se ha equivocado ‘no ha sido intencionadamente’. En esta línea, ha insistido en que ‘firmaba lo que le pasaban los técnicos’, a lo que ha añadido que llevó adelante las obras, a pesar de contar con informes económicos negativos por parte del interventor ante la falta de recursos, porque era “habitual esta situación, ante la nefasta situación de las arcas municipales”. De hecho, ha hecho hincapié en que cuando llegó a la Alcaldía se encontró con ‘solo 200 euros’.
Sánchez ha remarcado que las obras eran ‘necesarias’ por motivos de salubridad y de peligro para los bollulleros porque se encontraban en mal estado, indicando además que se trata de un parque, construido en 1950 en el centro del pueblo, ‘muy importante’, por lo que solicitó un plan de empleo y obras provinciales y una subvención a la Junta de Andalucía de 120.000 euros, que finalmente, según ha declarado uno de los testigos, actual interventor del Ayuntamiento, ‘no llegó a ratificarse’ porque la condición era la contratación de vecinos de la localidad, y el Ayuntamiento no contrató a nadie’, sino a las empresas directamente.
‘Era una obra muy importante para el pueblo y no la calificaba de obra menor, sino de obra de menor cuantía que al final se incrementó más de lo previsto’, ha indicado el exalcalde, llegando a alcanzar ‘los 740.000 euros’, según ha declarado el interventor.
Tal y como señala en su escrito el Ministerio Fiscal, en las obras participaron tres empresas, pero para su realización solo se formalizaron dos expedientes. Preguntado al exalcalde por el tercer expediente de contratación a la empresa encargada de la albañilería y jardinería interior, que no consta en las actuaciones, ha asegurado no recordar ‘si hubo contrato o no’ y ha añadido que ‘se hizo lo que dijeron los técnicos. Yo firmé los contratos que los técnicos me pasaron’.
El ex primer edil ha señalado que en septiembre de 2007 ordenó paralizar los pagos a esta empresa, con la que no consta expediente de contratación, porque ‘acumulaba una deuda de 200.000 euros y no se le podía pagar’. No obstante, ha hecho hincapié en que ‘nunca’ le dijo el interventor que “podría estar cometiendo un delito’.
‘CONFIABA EN LOS TÉCNICOS’
Sánchez ha remarcado en su defensa que cuando una empresa realizaba un servicio, ‘e pasaba al pago y cuando había dinero se le pagaba, pero no corroboraba el servicio porque confiaba en los técnicos. A su vez, ha insistido en que en los dos primeros años de su mandato pagó ‘ocho millones de euros de deuda del anterior gobierno’ porque quería sanear las cuentas, así como que tenía la intención de regularizar todos los pagos para estabilizar las arcas municipales.
Por último, ha insistido en que los trabajos se ofrecieron a empresas locales, pero ‘se negaron a realizarlas ante las amenazas de otros grupos políticos, que les decían que no les pagarían cuando gobernaran’.
Por su parte, además del interventor, han declarado cinco testigos más, que han desempeñado o desempeñan distintas tareas en el Ayuntamiento de la localidad, los cuales han coincidido en que ‘todo llevaba la firma del alcalde’.
Así, el interventor ha asegurado que el exalcalde ‘conocía la falta de consignación presupuestaria’ y ha recordado una conversación mantenida entre ambos con el fin de regularizar los pagos. También ha reconocido que las facturas ‘comenzaron a exceder’ y ha señalado que las obras ‘tenían que tener el control técnico’ y desconoce ‘si alguien lo tenía’.
El tribunal ha aceptado la declaración de dos testigos más, propuestas por la defensa, como son el oficial de la Policía Local del municipio y un arquitecto municipal, para la segunda sesión del juicio que continuará este martes a partir de las 09,30 horas.
FISCALÍA Y ACUSACIÓN PARTICULAR
Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicita imponer al acusado la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años por un presunto delito de prevaricación.
Por su parte, la acusación particular por este mismo delito solicita que se le imponga la pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de las costas de dicha acusación. A su vez, en concepto de responsabilidad civil, pide que se le condene a indemnizar al Ayuntamiento de la localidad con 744.555 euros por el perjuicio patrimonial causado en sus arcas públicas.
Esta denuncia se remonta al año 2009, cuando el actual alcalde de la localidad, el independiente Francisco Díaz Ojeda, presentó una denuncia ante los juzgados de La Palma del Condado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en la contratación.