El exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado (Huelva) Carlos Sánchez ha declarado este viernes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores a la empresa Cespa, supuestamente ‘sin tener consignación presupuestaria’ para ello. En su declaración Sánchez ha negado los hechos y asegura que la Secretaria del Ayuntamiento es ‘la persona que tiene la obligación de advertir la existencia de cualquier ilegalidad en el expediente administrativo y que no hubo ninguna advertencia de ilegalidad’.
Según ha podido confirmar Europa Press, Sánchez ha asegurado durante su declaración que antes de votar a favor del otorgamiento en la Junta de Gobierno Local ‘no revisó el expediente administrativo’, así como que ‘se limitaron a aprobar la propuesta que realizaba la mesa de contratación’, indicando además que ‘se supone que esa propuesta llega a la Junta habiendo seguido el procedimiento legalmente establecido y sin ningún obstáculo que impida su aprobación’.
En esta línea, el exprimer edil ha señalado que “para realizar cualquier pago del Ayuntamiento es necesaria la firma del alcalde, del interventor y del tesorero y que en ninguno de los pagos realizados a Cespa se realizó ninguna objeción’, así como que ‘había crédito por lo menos para lo poco que se le pagó y que en intervención y tesorería deberían tener conocimiento de la existencia de los informes contrarios que existen en los autos’.
A su vez, ha reseñado que en la Junta de Gobierno Local estaban siempre presente la secretaria del Ayuntamiento, la interventora, el tesorero y el arquitecto para ‘asesorar en sus respectivos ámbitos a los miembros políticos de la Junta, que no son técnicos de cada una de las materias’.
También han prestado declaración la actual edil en el Ayuntamiento Rosario Rosado y los exconcejales Davinia Palacios, María Dolores Ramos y David Benjumea.
Cespa le reclama una deuda que asciende a 327.485,41 euros correspondientes a las facturas de contratación de los citados servicios, los cuales se contrataron pese ‘al informe del interventor en el que indicaba la insuficiencia de crédito disponible para hacer frente al contrato’, según rezaba en el auto judicial.