En La Palma del Condado una decena de familias ocupan viviendas de la Junta destinadas a camineros y piden el restablecimiento del agua

Una decena de familias, en total unas 50 personas –entre ellas más de 25 niños–, ocupan en la localidad de La Palma del Condado viviendas destinadas para camineros de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, es decir para los trabajadores en activo pertenecientes al servicio de conservación de carreteras, dependiente de la Consejería de Fomento. Unas familias que piden el restablecimiento del suministro de agua que ‘ha cortado ahora el Ayuntamiento del municipio’.

Isidoro, uno de los afectados, ha remarcado que ‘muchas de estas familias llevan ocupando estas viviendas durante 12 años y otras desde hace seis meses’ a medida que los trabajadores se iban jubilando y se iban quedando vacías, indicando además que ‘no hay derecho a este corte de agua’.

En este punto, ha precisado que el objetivo de estas familias, de las cuales ‘muchos miembros están empadronados en el municipio’, es ‘tener contadores en sus casas y pagar un alquiler social por ellas y no estar en esta situación extrema en la que se encuentran porque algunas familias tienen niños pequeños e, incluso, bebés’.

En este caso concreto, Isidoro, personal laboral de esta Consejería, lleva viviendo en esta casa tres años desde que ‘se la cediera un compañero’ y él la solicitara en enero de 2010 ‘sin obtener respuesta’, y ha criticado que técnicos de Aqualia –empresa encargada de la gestión del agua en la localidad palmerina– ‘se hayan presentado en la zona, acompañados de Policía Local y Guardia Civil, para cortar el agua sin una orden judicial, después de que estén empadronados en el Ayuntamiento sin tener contrato de alquiler ni escrituras’, por lo que cree que el ente municipal ‘cometió los delitos de prevaricación y cohecho’.

A su juicio, ‘la estrategia’ del Ayuntamiento es ‘vaciar estas viviendas, demolerlas y construir un tanatorio en la zona’, por lo que ha pedido que mientras se aclara la situación, estas personas ‘puedan pagar un alquiler social porque la gente quiere pagarlo, al igual que la luz y el agua’.

RESPUESTA DE FOMENTO

Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda trabaja para que estas familias, que, de forma indebida, han ocupado las viviendas para camineros de la Junta en La Palma del Condado, “no vean en ningún caso vulnerado su derecho a la vivienda”, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

De hecho, la Consejería ya ha comenzado a dar pasos para realizar un estudio socioeconómico y laboral de estos ocupantes con el fin de clarificar su situación y poder actuar teniendo en cuenta cada situación familiar.

En paralelo, también se están estudiando las posibles fórmulas legales que garanticen a estos ocupantes poder recibir los suministros de forma regularizada, ya que no son titulares de las viviendas, por lo que ha instado al Ayuntamiento a que restablezca el suministro de agua con el fin de que estas familias no se vean privadas de las necesidades básicas.

Desde la Consejería han aclarado que estas viviendas para camineros ‘no son casas del parque público de la Junta, y por tanto no están destinadas a albergar familias con escasos recursos en régimen de alquiler’. Se trata de inmuebles que cumplen una función específica, la de dar residencia a los trabajadores en activo pertenecientes al servicio de conservación de carreteras, dependiente de la Consejería de Fomento, a lo que añaden que son viviendas gratuitas y por ellas la Administración autonómica no cobra una renta de arrendamiento.

En cualquier caso, recuerdan desde la Junta que desde junio de 2012, la Consejería de Fomento y Vivienda mantiene paralizados todos los desahucios en su parque público de vivienda a ninguna familia que por razones económicas objetivas no puede hacer frente a las rentas de alquiler, por orden expresa de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

DESDE EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, desde el Ayuntamiento de la localidad fuentes municipales han señalado que el objetivo es ‘regularizar el estado de estos vecinos, que se encuentran en una situación de ilegalidad’.

En cuanto al corte de suministro, desde el ente municipal aseguran que ‘han cortado el servicio’, a lo que añaden que son viviendas pertenecientes a la Junta y ‘muchas estaban deshabitadas’.