El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha señalado que el Real Decreto Ley del Gobierno (RDL) del PP para la reinversión del superávit de los ayuntamientos “vuelve a defraudar las expectativas de los Gobiernos locales, ya que los requisitos exigidos en períodos anteriores y las reglas de gastos aplicables se mantienen; y sigue sin permitir aplicarlo en políticas sociales y fomento del empleo”.
“Lamentablemente –ha manifestado Ezequiel Ruiz- este Real Decreto contiene letra pequeña, ya que si bien amplía el catálogo de inversiones, sigue excluyendo una parte importante de las demandas que hemos reclamado desde el Partido Socialista, ya que los ayuntamientos no podrán invertirlo en competencias como fomento del empleo, asistencia social, protección de los consumidores, políticas de igualdad o participación ciudadana; así como tampoco en aquellos ámbitos como la vivienda o la creación y funcionamiento de centros docentes de educación secundaria”.
Para el secretario de Política Municipal, “injustificadamente, el Gobierno central aprovecha un Real Decreto Ley (RDL) que, según el compromiso adquirido con la FEMP, debía permitir en este ejercicio la reinversión de los más de 5.000 millones de superávit generados en el 2017, para introducir restricciones en las reglas de juego. Por lo que esto no es más que un parche al problema generado por el propio Gobierno, por su incapacidad para dotar en tiempo de un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018”.
“No obstante, -ha apostillado Ezequiel Ruiz- desde el PSOE daremos nuestro apoyo a la aprobación del Real Decreto Ley, pues ya no hay otra posibilidad para no cercenar la prórroga de la reinversión del superávit y porque no seremos los socialistas quienes contribuyamos a obstaculizar aún más la difícil tarea de gobierno de los alcaldes y alcaldesas”. Pero ello no significa –ha agregado- que este RDL sea una norma suficiente para solucionar los problemas de las entidades locales con superávit; y su aprobación no va a impedir que continúe la asfixia de los ayuntamientos, que seguirán con muchos problemas para destinarlo a políticas sociales y de inversión. Lo apoyamos, ya que el Gobierno central ha cedido por la presión de la FEMP, la FAMP y los alcaldes, pero consideramos que es insuficiente”, ha recalcado.
Por ello, ha subrayado que “desde el PSOE seguiremos impulsando cuantas iniciativas sean necesarias para exigir al Gobierno del PP que devuelva a los ayuntamientos la autonomía local cercenada por una política de hostigamiento y recortes en recursos financieros y competencias”.
Desde la Secretaría de Política Municipal del PSOE, -ha indicado Ezequiel Ruiz- vamos a seguir reclamando la flexibilización del techo y la regla de gasto; que se resuelva el problema del endeudamiento municipal; que se puedan utilizar los remanentes de tesorería; dar una salida inmediata a los ayuntamientos que están en situación de quiebra financiera; el incremento de la tasa de reposición, porque los ayuntamientos españoles cuentan ahora con más de 100.000 empleados públicos menos que hace seis años; así como que se revisen los Planes de Ajuste y de Pago a Proveedores en función de las circunstancias económicas actuales”.
En esta línea, ha matizado que “seguiremos pidiendo al Gobierno lo mismo que hemos solicitado al ministro Montoro por escrito hace cuatro meses, y a lo que aún no nos ha respondido: las competencias necesarias para hacer políticas en favor de la ciudadanía desde el ámbito local, y la financiación suficiente para llevarla a cabo, abordando la reforma del sistema financiero local de manera simultánea al modelo de financiación autonómica dentro del año 2018”.
Para Ezequiel Ruiz, “los ayuntamientos no son empresas prestadoras de servicios, sino gobiernos locales que han de tener medios suficientes para poder llevar a cabo las políticas recogidas en sus programas de gobierno y comprometidos con sus vecinos. Desde la entrada en vigor de la Ley de la contrarreforma municipal impulsada por el Gobierno del PP de forma unilateral, los consistorios son más débiles y pobres y cuentan con bastantes menos recursos, servicios y competencias que en el año 2011. Hemos pasado de reclamar una mayor y más perfeccionada autonomía local en los años previos a la crisis, a tener que estar luchando por la defensa de la autonomía local; y eso no lo vamos a permitir”, ha concluido.