El PP de Huelva ha anunciado que se querellará contra todo dirigente político que manche o trate de ensuciar la gestión del agua en la provincia de Huelva.
Así lo ha asegurado el secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, quién ha considerado que tanto IU como PSOE ‘han tomado en este asunto el camino más fácil que es el de la calumnia y la infamia’.
Asimismo, ha indicado que ‘el PP no va a consentir, y buscará para ello amparo judicial, que se ponga en duda la honorabilidad y la gestión de nuestros dirigentes en la provincia, porque precisamente el partido de los imputados y sospechosos en Huelva es el PSOE, con más de una veintena de cargos cercados por la Justicia’.
Por lo tanto, ha agregado, ‘no vamos a tolerar ni una sola lección de moral del PSOE ni de otros partidos palmeros que lo sustentan y le sirven de altavoz’.
El PP, ha subrayado García Longoria, siempre ha actuado con limpieza y con transparencia, como no puede ser de otra manera, en la gestión del agua y ha buscado lo mejor para los ciudadanos y para los pueblos”. En este sentido ha recordado que ‘hay sentencias judiciales firmes que avalan la rigurosidad, legalidad, e impecable gestión de los ayuntamientos del PP’.
De otra parte, ha destacado que ‘no se puede criminalizar la privatización de servicios cuando el fin es buscar el beneficio de los ciudadanos’. A este respecto ha señalado que ‘quién esté libre de privatizaciones en la provincia, tire la primera piedra’. En este sentido ha recordado que tanto IU como PSOE han llevado a cabo la privatización de servicios relacionados con la gestión del agua, como el Ayuntamiento de Hinojos bajo gobierno de IU, o Almonte, que fue el primer ayuntamiento que privatizó el ciclo del agua con un gobierno del PSOE.
No en vano, ha recordado, ‘la gestión del agua en la provincia los últimos 20 años ha estado en manos del PSOE’.
Asimismo, el PP ha declarado que ‘no se puede lanzar un mensaje de nerviosismo a los ciudadanos y que el proceso de gestión del agua en la provincia no se puede convertir en una pelea de gallos con un cruce de acusaciones y mentiras, porque todo ello contribuye a generar desconfianza en los posibles inversores y en los propios trabajadores’.
Mientras tanto, ayuntamientos gobernados de diverso signo político han salido al paso de dichas críticas para justificar las causas por las que decidieron abandonar en su día la Mancomunidad de Servicios y, por tanto, la empresa Giahsa.
Así, el de alcalde de Lepe, Manuel Andrés González (PP), ha asegurado que el Consistorio salió de dicha mancomunidad ‘acatando la legalidad’ y ha hecho hincapié en que el proceso fue fiscalizado por la mancomunidad, la oposición en el Ayuntamiento y por la iniciativa privada.
De hecho, ha recordado que el procedimiento fue recurrido por el PSOE y por la MAS, por lo que el juez suspendió cautelarmente el procedimiento administrativo, y una vez que fue recurrido por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón al Consistorio lepero, ‘se levantó la medida cautelar y se adjudicó el proceso’.
Por su lado, el alcalde de Bollullos Par del Condado, el independiente Francisco Díaz Ojeda, ha subrayado que su localidad abandonó Giahsa “hace años” y se privatizó el servicio puesto que ‘sale más barato’ para el usuario, a la par que ha indicado que, tras todo el proceso judicial en el que se vio envuelta la operación, ha quedado acreditado que está ‘inmaculado’ el proceso y que cumple toda la normativa existente.
Díaz Ojeda considera que la postura de Giahsa pone de manifiesto una ‘huida hacia delante’ de la entidad que ‘no encuentra ninguna empresa interesada’ en la misma.