El pleno de febrero ha aportado a muchas familias almonteñas un enorme alivio, con respecto a las sanciones que pesaban sobre muchas de ellas por las construcciones ilegales edificadas en el campo, los denominados ‘portales’. Quedó aprobado por unanimidad el texto refundido del documento de innovación de planeamiento nº 9 del PGOU, con la misión de rebajar el nivel de protección en suelo no urbanizable. La situación anterior, generada por el último Plan General, aplicaba la más alta protección y consecuentemente el grado de penalización era máximo, con sanciones que alcanzaban hasta un 300 por ciento del valor de lo construido. Ahora pasarán a tener un tope del 50 por ciento.
Los ciudadanos podrán acogerse así a la Ley de punto final publicada por la Junta y legalizar sus edificaciones. Se estima que existen 2.000 portales sancionados en la localidad. El alcalde agradeció su trabajo al departamento de planificación y urbanismo. Aclaró que la Junta desestimó las primeras alegaciones presentadas por el PSOE en 2011, y criticó que, a la hora de aplicar las sanciones, ‘unos propietarios eran penalizados con el 300% y otros con un 75 %’.
A este respecto, la portavoz de Izquierda Unida, María Isabel Bejerano, justificó el voto a favor ‘por solucionar un problema de los ciudadanos’, dejando claro que ‘no se tenía que haber llegado a esta situación, ya que la administración de entonces consintió que se vulnerara la ley’.
En la sesión se dio a conocer la cifra actualizada del padrón, que asciende a 22.609 habitantes. También recibió el apoyo unánime de los concejales el plan anual de explotación de los servicios de temporada en playas para el presente año, la inclusión de los planes de autoprotección en el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, así como la adhesión al convenio sobre el concurso de acreedores de la empresa local Hierros Rocío S.L., con el fin de permitir su viabilidad.
Este quórum llegó al terreno de las mociones, a propósito de la presentada por Izquierda Unida para la ampliación del servicio de la OMIC. El alcalde aprovechó su primera intervención para felicitar y agradecer a todas las partes implicadas en la peregrinación extraordinaria de la hermandad del Rocío de Triana y la presencia de Almonte en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur.
Acusación y réplica
En las mociones, salió adelante la propuesta de Izquierda Unida de crear el defensor del ciudadano, pese a las reticencias expresadas por los socialistas a la hora de crear una comisión con tal fin. Por ciento que en este punto, el portavoz del PSOE, José Villa, criticó al equipo de gobierno popular afirmando que ‘los sindicatos se habían puesto de acuerdo en denunciar la falta de libertad presente en el Ayuntamiento, a causa de los expedientes abiertos a doce trabajadores’.
En su réplica, el alcalde denunció la falsedad de las acusaciones, sosteniendo que son tres de carácter disciplinario y dos informativos. Aclaró que el papel de la administración a la que representa es dar servicio a los ciudadanos. “El Ayuntamiento debe velar por los intereses generales de los vecinos, y no por los particulares de determinados trabajadores”. En este sentido, aseguró que no le va a temblar la mano con aquellos que incumplan su deber. Por otra parte, recalcó que se están respetando escrupulosamente todos los derechos de los expedientados.
El equipo de gobierno popular se quedó solo en el punto relativo al documento de innovación de planeamiento nº 16 del PGOU, mediante el que se querían reordenar tres parcelas, de modo que la más próxima al hotel El Coto pudiese acoger de manera estable una zona de aparcamientos, necesaria para consolidar la cuarta estrella de la instalación. Ante la queja del portavoz socialista, Manuel Cepeda, insistiendo en la necesidad de información, el alcalde le recordó la ausencia del PSOE en la Junta de Portavoces en la que se trató el punto y a la que no acudió ningún representante socialista por decisión del ex alcalde, Francisco Bella.
Del mismo modo, no recibió el apoyo del PSOE y tránsfuga el nombramiento de un letrado para defender los intereses del Ayuntamiento en un procedimiento abierto con un empresario que reclama 300.000 euros correspondientes a un convenio urbanístico que el Consistorio decidió resolver, ante el impago del millón de euros pactado previamente.
Por ser un punto que requería de mayoría absoluta, quedó sobre la mesa –de nuevo con las once abstenciones de PSOE y el concejal no adscrito-, la propuesta de convenio con el registro de la propiedad de Almonte. Una medida que, según afirmó el alcalde, ‘se está realizando en todos los ayuntamientos para agilizar los trámites al ciudadano’.
La misma votación se repitió para el inicio del expediente de resolución del contrato de mantenimiento de las zonas verdes en playa de Matalascañas, mediante el que el Ayuntamiento se ha desvinculado de la empresa La Ribera. Recupera la responsabilidad de los trabajos el área municipal de jardines. Esta decisión posibilitará la contratación de personas desempleadas.