El PP pedirá en la Diputación la equiparación de los sueldos de Guardia Civil y Policía Nacional con el resto de cuerpos de seguridad

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Huelva ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que reclama a la Corporación que apoye la equiparación de los sueldos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con el resto de cuerpos de seguridad. Como ha explicado el portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, el objetivo es, finalmente, instar al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, incorpore las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

Así, ha recordado que desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. “Toda la sociedad española ha sido testigo del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho”, ha indicado Toscano.

Durante esos días, ha agregado, “todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles”. Hechos que han motivado que la Fiscalía presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos.

Debe recordarse que en el contexto descrito, ha afirmado el popular, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público.

“Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o de coacción para defender un posicionamiento político o ideológico”. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, “deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas”.

La moción del PP esgrime que “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de la ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”. “Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos”, recalcan los populares.

“Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española”. En este sentido, Toscano ha puesto de relieve que “es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues, gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo”.

Por todo ello, el Grupo Popular pide instar al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario, para acercarlos a los de otros cuerpos policiales.

También se pide el apoyo y respaldo de la Diputación a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

Asimismo se reclama “la condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando, en consecuencia, toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que intente socavar nuestra democracia”.

Por último, se insta al conjunto de las Instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes y a actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España.