El Partido Popular de Huelva ha calificado de ‘valiente’ la reforma de la administración local anunciada por el Gobierno central y que, como ha señalado hoy en rueda de prensa el secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, es una reforma ‘demandada por los ciudadanos’.
Como ha defendido el dirigente popular, está medida vendrán a ‘definir las competencias de cada administración para evitar duplicidades y establecerá un mayor control del gasto’.
Del mismo modo, ha incidido en que supondrá un avance en la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y generará un ahorro estimado de unos de 7.000 millones de euros entre los años 2013 a 2015′.
Asimismo, García Longoria, ha destacado que ‘la reforma supondrá una profesionalización, evaluación y seguimiento del funcionamiento de la administración, para asegurar que los ciudadanos reciben un servicio de calidad’.
Entre las principales novedades de la reforma ha asegurado que destaca que ‘por primera vez, se clarificarán las competencias municipales por ley, bajo la máxima ‘de una administración, una competencia’.
En este sentido, ha subrayado que ‘se va acabar que los ayuntamientos lo tengan que pagar todo, y que las administraciones gobernadas por el PSOE e IU, como la Diputación y la Junta de Andalucía, tendrán que pagar y no descargar competencias impropias sobre los ayuntamiento’.
En este sentido, ha agregado que ‘no entendemos las críticas de ambas formaciones políticas a esta reforma, a no ser que les moleste que la Junta y la Diputación tengan que pagar los que les corresponde, cosa que ahora no hacen, o que no quieran que se racionalice el gasto en sueldos, se reduzcan asesores, se gestione mejor el dinero público o se reduzcan las administraciones chiringuito que han creado’.
García Longoria también ha explicado que ‘no se reducen competencias, sino que el objetivo es evitar duplicidades, definiendo qué competencias presta cada administración, cómo las presta y con qué dinero’. Esta reforma no va contra los ayuntamientos, todo lo contrario, los libera de competencias impropias que corresponden, por ejemplo, a la Junta de Andalucía o a la Diputación’.
Además, en el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes que no lleguen a la cobertura exigida, la gestión estos servicios dependerá de las diputaciones.
La medida también incorpora una racionalización del sueldo de cargos electos y la función de los asesores, plantea la reducción de personal eventual o de apoyo y que las mancomunidades y ayuntamientos menores deberán presentar sus cuentas en tres meses, si no desaparecerán’.
Con todo ello, se persigue, ha concluido García Longoria, ‘una administración más eficaz, más útil para el ciudadano, menos costosa y más transparente’.