El pleno de Bollullos aprobó por unanimidad instar a la Junta la adjudicación de las viviendas

Uno de los temas calientes del Pleno celebrado ayer en el Consistorio condal se saldó con la unanimidad de todos los grupos políticos, oposición (IUCA y PSOE), y Equipo de Gobierno (IxB y PP), tras considerar que los criterios impuestos por la Junta no pueden ser asumidos por las personas demandantes de las viviendas, dado que no pueden pagar el montante del alquiler social que se propone y que suponen una cantidad que oscila entre los 200 y los 400 euros mensuales.

Tanto el Equipo de Gobierno, formado por Independientes y Populares, como la oposición al completo (IUCA y PSOE), se pusieron de acuerdo para instar a la Junta de Andalucía a que rebaje dichos criterios, pues “estamos hablando de personas en riesgo de exclusión” y que no pueden acceder a ningún tipo de préstamo bancario, al no contar con trabajo o ingresos para ello.

La confrontación verbal entre el portavoz de IU, Félix Camacho, y la Concejal de Servicios Sociales, Isabel Mª. Valdayo, se basó en la entrega del registro municipal de demandantes de viviendas sociales a la Junta de Andalucía, que el ayuntamiento asegura haber enviado en varias ocasiones a la Delegación y Junta, mientras que el portavoz de la coalición aseguraba que no constaba en la Consejería de Fomento y Vivienda dicho listado. Precisamente, la Delegada Territorial, aseguraba ayer que el ayuntamiento de Bollullos no ha facilitado la lista de demandantes y advierte, que en caso de no facilitar dicha lista, la Delegación podrá adjudicar las viviendas, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos para el acceso y acrediten su inscripción en el registro.

El portavoz del Partido Popular, Francisco Martín Carrellán, quiso dejar claro que estas viviendas “se están deteriorando con el paso del tiempo, ya que llevan cerradas cinco años, siguen estando vacías y la Junta no pone de su parte para adjudicarlas a las personas que las necesitan, ciudadanos que no tienen nada y que se ven en la calle por la incompetencia del Gobierno Andaluz”. El Ayuntamiento está dispuesto incluso a iniciar los trámites para la expropiación de dichas viviendas, ya que están pagadas y construidas en suelo municipal.