El pleno de enero de este viernes en el Ayuntamiento de Almonte contará entre sus puntos con la propuesta de declaración de nulidad conforme al expediente de revisión de oficio relacionado con el contrato de servicios de colaboración para la gestión de los expedientes sancionadores por infracción de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, adjudicado a Iddiam Sistemas S.L., por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo de 2011. Se trata de una de las últimas decisiones de calado el anterior equipo de gobierno socialista.
El pasado 18 de diciembre, el Consejo Consultivo de Andalucía elaboró el dictamen 841/2013 en este sentido, por lo que el Ayuntamiento actual (PP) instará a aprobar la declaración de nulidad del contrato, en cumplimiento de las directrices de dicha institución, al ser vinculante su resolución para los poderes públicos. Entonces, dictaminó favorablemente sobre el expediente incoado por el Ayuntamiento y para la revisión de oficio de este contrato.
En la sesión, el equipo de gobierno popular presentará para su debate y apoyo final, diferentes propuestas: entre otras, declarar la nulidad del contrato de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, delegar en el alcalde para el ejercicio de acciones judiciales, administrativas y en defensa de la Corporación, la redacción de los informes pertinentes para analizar los efectos de la declaración de nulidad y la posible existencia de responsabilidad contable por alcance, así como comunicar al Consejo la resolución.
El pleno celebrado el pasado mes de octubre -gracias a los votos de PP e IU-, aprobó iniciar la revisión del contrato de las multas con Iddiam, que ahora llega a su punto culminante. Esta decisión afirmativa llegó gracias a otro dictamen del Consejo Consultivo que puso en evidencia que la empresa adjudicataria no tenía objeto social para desempeñar esta labor, ni el Ayuntamiento disponía de partida presupuestaria para ejecutar el contrato, por lo que el acuerdo resultaría nulo de pleno derecho. Puesto que la decisión era vinculante, el PSOE se vio obligado a la abstención, rompiendo la estrategia desarrollada a lo largo de toda la legislatura consistente en rechazar por sistema esta propuesta de revisión, amparándose en la mayoría que le otorgaban sus votos más el del tránsfuga Alberto Mondaca.
El portavoz del Partido Popular, José Joaquín de la Torre, ya denunció entonces las condiciones de un acuerdo por el que ‘de cada 100 euros, la empresa percibiría 76 y el Ayuntamiento 24. También preguntó a los concejales socialistas acerca del interés permanente por bloquear la resolución de un contrato ‘por el que Iddiam ha percibido 300.000 euros anuales hasta sumar un millón en la actualidad’. Finalmente, recordó como en la pasada legislatura les fueron concedidas una decena de concesiones y hasta despacho propio en el edificio del Ayuntamiento, siendo una entidad privada’.
En esta línea, el actual Ayuntamiento está estudiando el resto de adjudicaciones por si pudiesen incurrir en las mismas irregularidades y fuesen por tanto, nulos. ‘En todos los casos, la empresa tendría que devolver los beneficios derivados de las encomiendas, y así volverían a las arcas municipales. Por tanto, al bien común’, según comentó tras aquel pleno el concejal de Hacienda, José Carlos Curto del Arco.