El Gobierno central estudia la supresión de las más de 1.400 mancomunidades existentes en España debido a que, en muchos casos, llevan a cabo funciones que ya asumen otras Administraciones públicas.
Con esta medida se pretende evitar que haya duplicidad o incluso triplicidad de funciones, ya que esto conlleva un mayor coste económico para las arcas públicas y, a la postre, para los propios ciudadanos.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha avanzado serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La voluntad del Gobierno es tener lista la Ley que regulará las administraciones locales este año, para lo que se ha elaborado un documento con su propuesta, que es fruto de una comisión de expertos liderada por el Instituto Nacional de la Administración Pública, y a su vez inspirada en la Ley de Estabilidad Prespuestaria.
Hasta la fecha, el Gobierno ha presentado esta propuesta a PSOE, CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la espera de sus alegaciones.
El PP ha venido criticando que el PSOE ha utilizado las mancomunidades existentes en la provincia de Huelva como ‘chiringuitos’ en los que colocar a políticos de dicha formación que habían perdido sus cargos anteriores.
En muchos casos, estas entidades supramunicipales atraviesan por graves dificultades que han impedido el pago de las nóminas de sus empleados, lo que les ha empujado a protagonizar diversas movilizaciones.